Observaciones de las misiones

Washington, DC: Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por el Sr. Gustavo Adler, visitó Ciudad de México del 18 al 29 de agosto y sostuvo reuniones virtuales del 2 al 12 de septiembre para la realización de la consulta del Artículo IV de 2025. Al final de las discusiones, la misión emitió la siguiente declaración:

 

Mensajes principales

• La actividad económica sigue débil. Se prevé un crecimiento de 1.0% este año, y cierta aceleración en 2026.
• De cara al futuro, será necesario seguir reduciendo el déficit fiscal y adoptar medidas que contribuyan a ese ajuste a fin de evitar nuevos aumentos de la deuda pública y crear espacio fiscal necesario para responder a posibles choques.
• El relajamiento de la política monetaria debería continuar una vez que quede más claro que la inflación está en trayectoria hacia la meta del 3%.
• Los riesgos a la estabilidad financiera parecen ser bajos y los planes para promover la competencia y la profundización financiera son bienvenidos.
• El éxito económico a largo plazo de México depende de subsanar los déficits de infraestructura, fortalecer el estado de derecho y profundizar la integración con sus socios comerciales internacionales.

Perspectivas macroeconómicas

 

Se prevé que el crecimiento se desacelerará en 2025. La consolidación fiscal, una política monetaria que sigue siendo contractiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos han incidido en el consumo y la inversión, en tanto que las exportaciones se han mostrado resilientes. El historial de México de políticas y marcos de políticas sumamente sólidos también han sido una fuente de fortaleza para el país a la hora de enfrentarse a la incertidumbre del entorno económico. Se espera que el crecimiento se acelere en cierta medida en 2026, si bien el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán persistiendo. La inflación general se está moderando y se prevé que converja hacia la meta de 3% de Banxico en el segundo semestre de 2026.

Los riesgos a corto plazo para la actividad están equilibrados en términos generales. El recrudecimiento de las tensiones comerciales y las condiciones financieras mundiales más restrictivas presentan riesgos a la baja para la actividad. Por otro lado, una demanda más fuerte a la esperada en Estados Unidos y una resolución de la incertidumbre arancelaria (entre otras cosas, por una revisión favorable del T-MEC o un mayor uso de las preferencias de este tratado) representan riesgos al alza para las proyecciones. Si bien los riesgos inflacionarios se han moderado desde el episodio inflacionario pospandemia, siguen exhibiendo un sesgo al alza, ya que la inflación de servicios podría ser difícil de reducir, la desinflación de los precios de los alimentos podría revertirse y la incertidumbre mundial podría catalizar una depreciación del peso, lo que aumentaría los precios de los bienes.

 

Política fiscal

 

Si bien se prevé que la expansión fiscal observada en 2024 se revierta en 2025, es necesario intensificar los esfuerzos para que la deuda pública inicie una trayectoria descendente. Se prevé que el déficit (Requerimientos Financieros del Sector Público) de 2025 se sitúe en un 4.3% del PIB —frente a la meta fijada de un 3.9%—, en lo que será una reversión apropiada del aumento del gasto registrado en 2024. Sin embargo, las metas de déficit para 2026 y años siguientes propuestas en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 implicarían un aumento sostenido de la relación entre la deuda bruta y el PIB a lo largo del tiempo —acercándose a 61.5% del PIB en 2030 bajo los supuestos macroeconómicos del personal técnico del FMI—, lo que dejaría la dinámica de la deuda en una situación de vulnerabilidad ante choques. Aunque la deuda pública sigue siendo sostenible con alta probabilidad, se necesita una trayectoria de consolidación más ambiciosa e intensa en su etapa inicial para fortalecer la credibilidad de los planes fiscales, evitar nuevos aumentos de la deuda pública y crear el espacio fiscal necesario para posibilitar una respuesta contracíclica en caso de que los riesgos externos se materialicen. Para lograr estos objetivos, sería necesario que el déficit se sitúe en un 2.5% del PIB para 2027, es decir, alrededor de un 1% del PIB por debajo de la meta presupuestaria actual. 

Se necesitan medidas concretas equivalentes a alrededor de un 1.5% del PIB para apuntalar la consolidación. Emprender este ajuste fiscal, y a la vez preservar el gasto social esencial y las inversiones públicas que apoyen el crecimiento, exigirá aumentar ingresos tributarios introduciendo mejoras administrativas y reformas impositivas. Las recientes mejoras en la administración de los ingresos públicos son encomiables y aún queda margen para seguir avanzando, entre otras cosas en lo referido a la reducción de la informalidad y las pérdidas de recaudación del IVA. Sin embargo, también se necesita una reforma más amplia de la política tributaria a fin de aumentar la recaudación. Algunas opciones de reforma son aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas, eliminar determinados gastos tributarios y aumentar y ampliar el alcance del impuesto sobre el carbono y las regalías mineras. Reforzar la tributación sobre bienes inmobiliarios y vehículos en los planos estatal y municipal también podría contribuir a liberar recursos a nivel federal.

Mejorar de manera duradera las finanzas y la rentabilidad de las empresas públicas será fundamental para reducir la deuda pública. Se valoran positivamente los planes para mejorar la situación de Pemex, entre otras cosas fomentando las asociaciones con el sector privado —algo que permitiría al sector energético acceder al capital y los conocimientos especializados que necesita—reduciendo los costos operativos y mejorando el perfil de vencimientos de la deuda. Una aplicación transparente y prudente de estos planes será fundamental, dado que las operaciones financieras generan pasivos contingentes para la autoridad soberana. Un compromiso fuerte con objetivos comerciales —entre otras cosas mediante la venta de activos no estratégicos y la reducción de actividades no rentables— también será esencial. Debe existir una separación clara entre las actividades comerciales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y los objetivos sociales establecidos recientemente, que deben declararse de forma transparente como una actividad fiscal.

Fortalecer el marco fiscal de mediano plazo mejoraría la credibilidad de los planes fiscales, anclaría las expectativas sobre la trayectoria de la deuda y los déficits y disminuiría los costos del financiamiento soberano. Implementar un ancla de deuda de mediano plazo de naturaleza vinculante y mecanismos de corrección de desvíos con respecto a la trayectoria asociada de los RFSP contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal. Un Consejo Fiscal Independiente —que se encargue de evaluar las proyecciones macrofiscales así como las metodologías y el cumplimiento de las reglas presupuestarias— aportaría claridad y credibilidad al marco. Ampliar la cobertura de la regla del gasto corriente estructural y calibrar de manera integral el volumen y las funciones de los fondos de estabilización contribuiría a mejorar la función de estabilización de la política fiscal, a la vez que salvaguardaría la sostenibilidad de la deuda. 

 

Política monetaria

La inflación subyacente y las expectativas de inflación permanecen estables pero por encima de la meta. Las presiones inflacionarias han disminuido sustancialmente desde el episodio inflacionario pospandemia, y el menor aumento de los precios de los alimentos ha acercado el nivel general de inflación a la meta de Banxico en los últimos meses. No obstante, persisten algunas presiones inflacionarias, dado que la reducción gradual de la inflación de servicios subyacente se ha visto más que compensada por el aumento de la inflación de bienes subyacentes en los últimos meses. Aunque estables, las expectativas de inflación a corto plazo también se mantienen por encima de la meta de Banxico.

Un relajamiento adicional de la política monetaria debería implementarse una vez que quede más claro que la inflación está en trayectoria hacia la meta del 3%. Dado el contexto de reducción de las presiones inflacionarias, de desaceleración de la actividad económica y de fortalecimiento del peso, la relajación de la política monetaria observada en los meses recientes ha sido apropiada. Recortes adicionales de la tasa de interés requerirán de señales claras de que la inflación subyacente y las expectativas de inflación están en camino a la meta de inflación de 3%.

Hay margen para mejorar la comunicación de la política monetaria. Si bien a través de su marco actual Banxico ha abordado con eficacia la inflación pospandemia e integrado algunos elementos de orientación futura de la política monetaria a sus comunicaciones, una mayor claridad sobre la función de reacción de su política contribuiría a fortalecer la transmisión de la política monetaria y a mejorar el anclaje de las expectativas de inflación. Publicar escenarios alternativos con supuestos macroeconómicos y trayectorias asociadas de tasas de interés (presentadas como indicativas y condicionales, no como compromisos), indicar en qué momento la tasa de interés llegaría a un nivel neutral y explicar la manera en que las expectativas de inflación orientan las decisiones ayudarían a aportar claridad. Adaptar los mensajes a distintas audiencias también enriquecería las herramientas de comunicación de Banxico y contribuiría a orientar la formación de expectativas, en tanto que avanzar con los planes para ampliar las encuestas de hogares aportaría información sobre la manera en que la población en general comprende las cuestiones relacionadas con la política monetaria y la inflación.

El tipo de cambio debería continuar actuando como amortiguador ante choques. El peso está respaldado por amortiguadores externos sólidos y una posición externa que en general es congruente con los fundamentos económicos. Con un mercado cambiario profundo y líquido, limitados descalces de monedas en las hojas de balance, políticas macroprudenciales sólidas y un limitado traspaso de movimientos del tipo de cambio a la inflación, la Comisión de Cambios ha demostrado un fuerte y adecuado compromiso con la flexibilidad cambiaria, interviniendo en los mercados de divisas solo para subsanar perturbaciones. En el actual contexto externo de elevada incertidumbre, mantener la flexibilidad cambiaria será fundamental.

Políticas del sector financiero

El sistema bancario de México continúa saludable. Las posiciones de liquidez y capital de los bancos siguen siendo sólidas. Las pruebas de estrés indican que los bancos pueden soportar una desaceleración económica acentuada —semejantes a fuertes episodios experimentados en las pasadas dos décadas— y la exposición del sistema bancario a empresas exportadoras parece ser baja. El apalancamiento de los hogares y las empresas es bajo, y no hay indicios de sobrevaloración de activos.

Las iniciativas para fomentar la inclusión financiera y ampliar el acceso al crédito deberían centrarse en promover la competencia entre intermediarios. Los planes para potenciar el crédito hipotecario y a las pymes consistente en aumentar el número de préstamos y garantías otorgados a través de los bancos de desarrollo y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), deben ser transparentes, tener en cuenta las implicaciones fiscales y dar espacio para la participación del sector privado. Las iniciativas de promoción de la competencia, en particular las que posibilitan la participación de nuevas entidades privadas, deberían centrarse en velar por que las instituciones financieras nuevas y las tradicionales compitan en igualdad de condiciones, entre otras cosas promoviendo iniciativas de ‘open finance’ y subsanando la fragmentación en las responsabilidades de supervisión y las deficiencias de coordinación interinstitucional. Es apropiado continuar con ponderaciones de capital por riesgos que garanticen la estabilidad financiera y a la vez permitan la expansión del crédito. Fortalecer los derechos de los acreedores también será fundamental para fomentar el crédito de la banca comercial.

Seguir aplicando las recomendaciones de la Evaluación de la Estabilidad de Sector Financiero de 2022 fortalecería los marcos macroprudenciales y de supervisión. Establecer principios para activar las reservas de capital anticíclicas daría orientación a las instituciones financieras. Fijar límites y monitorear las relaciones servicio de la deuda/ingresos y préstamo/valor para los hogares facilitaría la detección oportuna de riesgos crediticios a lo largo del tiempo y contribuiría a orientar y promover la concesión de créditos. Fortalecer la coordinación interinstitucional, actualizar los requisitos de divulgación aplicables a los conglomerados financieros y aplicar las recomendaciones pendientes sobre el marco de resolución bancaria mejoraría la supervisión financiera.

Los esfuerzos para subsanar debilidades del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en particular en lo concerniente al crimen organizado, deben continuar. Pese al progreso, aún hay margen para fortalecer la coordinación interinstitucional (entre los organismos de supervisión, de inteligencia y de observancia de la ley) y la supervisión basada en el riesgo a fin de garantizar que los delitos financieros y las actividades asociadas de lavado de dinero se investiguen y enjuicien de manera eficaz. Sobre la base de la Evaluación de los Riesgos Nacionales de 2023, deberán seguir haciéndose esfuerzos para detectar y hacer frente a las amenazas emergentes, en particular la infiltración del crimen organizado en los sectores productivos. Las autoridades asumieron rápidamente el control de instituciones financieras recientemente designadas por Estados Unidos como presuntas responsables de facilitar actividades de lavado de dinero, a fin de salvaguardar la estabilidad financiera y promover el funcionamiento ordenado de los mercados. Las investigaciones realizadas en el marco de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo deben finalizarse, y las iniciativas nacionales e internacionales de coordinación deben fortalecerse a fin de contribuir a la adopción de medidas de supervisión e investigación transfronteriza más proactivas y coordinadas y al posterior enjuiciamiento. 

Reformas del lado de la oferta

Preservar la apertura comercial es fundamental para el crecimiento sostenido. Resolver las tensiones con Estados Unidos —entre otras cosas mediante una revisión favorable del T-MEC— contribuiría a fortalecer la confianza de los inversionistas y a la continuidad de la cadena de suministro. Deben evitarse las medidas que distorsionan el comercio, como la reciente imposición de aranceles a la importación de productos específicos, que pueden tener como consecuencia una asignación ineficiente de recursos. Ampliar y diversificar las asociaciones con una serie de socios comerciales fortalecería aún más la posición de México en las cadenas mundiales de suministro.

Para lograr un mayor crecimiento, y seguir bajando la tasa de pobreza, deben subsanarse restricciones del lado de la oferta de larga data. Debe darse prioridad a subsanar las brechas de infraestructura, en particular en los sectores de la energía, el transporte, las telecomunicaciones y el agua. Dadas las restricciones fiscales, la participación del sector privado será fundamental, para lo cual será necesario mejorar el clima de inversión. El objetivo debería ser simplificar los procedimientos institucionales y aclarar regulaciones, en particular tras las recientes reformas jurídicas y la eliminación de organismos reguladores independientes. El apoyo suministrado a sectores estratégicos, entre otras cosas en el marco del Plan México, debe estar focalizado de manera estricta y centrarse en subsanar fallas de mercado. Sigue siendo esencial aumentar el capital humano, y abordar la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral y la informalidad. Dado el aumento de los costos laborales en años recientes, deben examinarse cuidadosamente las posibles repercusiones de los planes para aumentar el salario mínimo y reducir la semana laboral sobre el empleo y la informalidad, en particular para los trabajadores de menores ingresos.

Fortalecer el estado de derecho es clave. Es necesario abordar la cuestión del delito, que sigue siendo uno de los principales obstáculos al crecimiento, entre otras cosas fortaleciendo la cooperación internacional y adoptando medidas más eficaces contra el narcotráfico. También es necesario avanzar en reformas para mejorar la gobernanza. El reemplazo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (anteriormente conocida como la Secretaría de la Función Pública) y la Secretaría de Transformación Digital, (ambos organismos del poder ejecutivo) debe complementarse con la adopción de medidas para disipar las preocupaciones sobre su autonomía. Al mismo tiempo, las limitaciones de recursos y la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, los obstáculos a la verificación de las declaraciones patrimoniales y las demoras en la legislación para la protección de los denunciantes subrayan la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos, de mejorar los recursos para la aplicación de la ley y de velar por la existencia de garantías más sólidas de independencia institucional. En el marco de la reforma judicial, que entraña un profundo cambio hacia una participación democrática más amplia, la transición de pasar de designaciones basadas en carreras profesionales a un sistema de elecciones populares debe incluir salvaguardias que garanticen la transparencia, el profesionalismo y la rendición de cuentas, todos ellos aspectos esenciales para la confianza de los inversionistas.

 

 El equipo del FMI desea dar las gracias a las autoridades mexicanas y a otros interlocutores por su apoyo, su hospitalidad y los diálogos constructivos que se entablaron.

 

 

	Cuadro 1. México: Indicadores económicos, financieros y sociales seleccionados
	I.  Indicadores sociales y demográficos
	PIB per cápita (dólares de EE.UU., 2024)			14,034.2		Tasa de incidencia de la pobreza (% de la población, 2024) 1/					29.6
	Población (millones, 2024)			132.3		Proporción del ingreso correspondiente al 20% más alto / 20% más bajo (2022)					8.4
	Esperanza de vida al nacer (años, 2024)			75.5		Tasa de alfabetización de adultos (2020)					95.2
	Tasa de mortalidad infantil (por miles de habitantes, 2023			13.6		Tasa de escolarización primaria bruta (2022) 2/					102.0
	II. Economic Indicators
										Proy.
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Variación porcentual anual; salvo indicación en contrario)
	Cuentas nacionales (en términos reales)
	PIB					6.0	3.7	3.4	1.4	1.0	1.5
	Consumo					7.1	4.4	4.0	2.6	0.5	1.8
	Privado					8.4	4.8	4.3	2.8	0.4	1.7
	Pública					-0.5	2.0	2.3	1.6	1.1	2.4
	Inversión					11.4	7.3	15.7	3.3	-5.1	1.2
	Fija					10.5	7.5	16.7	3.4	-5.0	1.2
	Privados					12.6	7.5	15.7	4.5	-3.6	1.1
	Pública					-3.5	7.2	24.5	-5.1	-16.6	1.4
	Existencias 3/					0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	Exportaciones de bienes y servicios					7.1	9.5	-7.2	3.3	6.6	1.0
	Importaciones de bienes y servicios					15.7	8.6	3.7	2.8	1.6	2.6
	PIB per cápita					5.4	2.9	2.4	0.6	0.2	0.8
	Sector externo
	Saldo en la cuenta corriente externa (porcentaje del PIB)					-0.3	-1.3	-0.7	-0.9	-0.2	-0.3
	Exportación de bienes f.o.b. 4/					18.6	16.7	2.6	4.2	3.5	0.8
	Importación de bienes f.o.b. 4/					32.0	19.8	-0.1	5.1	1.6	1.4
	Entrada de capital neto (en porcentaje del PIB) 5/					-1.1	-0.9	-0.9	-1.4	-0.8	-0.8
	Términos de intercambio (bienes, mejoras +) 6/					-1.0	-3.3	14.2	-0.5	-3.0	1.0
	Reservas internacionales brutas (en miles de millones de dólares de EE.UU.)					207.7	201.1	214.4	232.1	242.7	252.5
	Tipos de cambio
	Tipo de cambio efectivo real (apreciación promedio +)  6/					5.9	5.4	16.3	0.2	…	…
	Tasa de cambio nominal (MXN/USD) (f.p., apreciación +)					-3.2	5.7	12.8	-19.8	…	…
	Inflación, y empleo
	Precios al consumidor (final de período)					7.4	7.8	4.7	4.2	3.7	3.0
	Precios al consumidor subyacentes (final de período)					5.9	8.3	5.1	3.7	3.6	3.0
	Tasa de desempleo nacional (promedio anual)					4.1	3.3	2.8	2.7	2.9	3.1
	Dinero y crédito
	Crédito del sistema financiero al sector privado no financiero 7/					4.2	10.9	8.7	11.3	4.0	5.0
	Dinero en sentido amplio					9.5	7.3	11.0	13.8	5.5	5.8
	Finanzas públicas (porcentaje del PIB) 8/
	Ingresos del gobierno general					22.9	24.2	24.2	24.6	24.2	24.2
	Gastos del gobierno general					26.7	28.5	28.5	30.3	28.5	28.3
	Saldo fiscal global					-3.7	-4.3	-4.3	-5.7	-4.3	-4.1
	Balance primario estructural					1.1	1.0	1.3	-0.1	1.4	1.5
	Impulso fiscal 9/					0.3	0.0	-0.3	1.4	-1.5	-0.1
	Deuda bruta del sector público 10/					56.7	53.8	52.6	58.3	58.9	59.9
	Partidas informativas
	PIB nominal (en miles de millones de pesos)					26,690	29,526	31,936	33,981	36,085	38,299
	Brecha del producto (porcentaje del PIB potencial)					-2.0	0.0	1.4	0.7	-0.2	-0.1
	Fuentes: Indicadores de desarrollo del Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consejo Nacional de Población, Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estimaciones del personal técnico del FMI.
	1/ ENIGH.
	2/ Porcentaje de la población matriculada en escuela primaria independientemente de la edad como proporción de la población en edad oficial de educación primaria.
	3/ Contribución al crecimiento. No incluye discrepancias estadísticas.
	4/ No incluye bienes adquiridos en puerto por medios de transporte.
	5/ No incluye activos de reserva.
	6/ De acuerdo con las estimaciones del FMI.
	7/ Incluye crédito interno proporcionado por bancos, intermediarios no bancarios y fondos sociales de vivienda.
	8/ Los datos excluyen gobiernos estatales y locales e incluyen empresas estatales y banco públicos de desarrollo.
	9/ Negativo de la variación del saldo fiscal primario estructural.
	10/ Corresponde al saldo bruto de los requerimientos de endeudamiento del sector público, calculado como el saldo neto de los requerimientos de endeudamiento del sector público publicado por las autoridades más los activos financieros del sector público. No incluye la deuda con proveedores de Pemex, la cual fue de 0.6 por ciento del PIB a finales de 2024, y 0.1 por ciento al 12 de septiembre de 2025.