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Uruguay: Declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta del Artículo IV a Uruguay correspondiente a 2026
24 de septiembre de 2026
24 de septiembre de 2026
En una declaración final se describen las conclusiones preliminares del personal técnico del FMI al término de una visita oficial (o “misión”), realizada en la mayoría de los casos a un país miembro. Las misiones se llevan a cabo ya sea como parte de consultas periódicas (por lo general anuales) dentro del marco del Artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el contexto de una solicitud de uso de los recursos del FMI (es decir, un préstamo del FMI), como parte de las conversaciones sobre programas supervisados por el personal, o como componente de otros estudios de la situación económica que lleva a cabo el personal.
Las autoridades han otorgado su consentimiento a la publicación de esta declaración. Las opiniones expresadas en esta declaración son las del personal técnico del FMI y no representan necesariamente las del Directorio Ejecutivo del FMI. Sobre la base de las conclusiones preliminares de esta misión, el personal técnico elaborará un informe que, una vez aprobado por la Gerencia, será presentado al Directorio Ejecutivo del FMI para discusión y decisión.
Montevideo: Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el Sr. Raphael Espinoza, visitó Montevideo del 14 al 24 de septiembre para la realización de la consulta del Artículo IV de 2026. Al final de la visita, la misión emitió la siguiente declaración:
Coyuntura económica
Aunque el crecimiento en Uruguay se ha moderado, la economía ha demostrado resiliencia, respaldada por instituciones sólidas y marcos de políticas creíbles. Con la sequía local afectando la producción agrícola desde el tercer trimestre de 2025, el crecimiento se ha desacelerado y promedió 1,8 por ciento en 2025. Como muchos países en la región, la economía también se enfrenta a condiciones externas adversas en 2026, debidos a los shocks de precios de petróleo y de fertilizantes y la incertidumbre mundial. El crecimiento ha estado respaldado por un fuerte consumo privado, impulsado por incrementos de los salarios reales en medio de una inflación a la baja y la apreciación del peso. El desempeño del mercado laboral es bueno, con el desempleo en niveles históricamente bajos y la informalidad disminuyendo. El déficit en cuenta corriente fue pequeño en 2025 (0,5 por ciento del PIB), pero la balanza comercial de bienes se deterioró en la primera mitad del 2026. Las reservas internacionales son abundantes, con 11¼ meses de importaciones a fines de agosto. Conforme a la meta establecida en la ley quinquenal de presupuesto, el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (CG-BPS), fue del 3,7 por ciento del PIB en 2025 (4,1 por ciento del PIB excluyendo ingresos extraordinarios de pensiones), frente al 3,1 por ciento en 2024. Uruguay se continúa beneficiando de un acceso favorable al mercado, apuntalado por calificaciones crediticias de grado de inversión y spreads soberanos que son los más bajos de la región y cercanos a mínimos históricos.
La inflación se ha mantenido dentro del rango de tolerancia durante prácticamente todos los últimos tres años, gracias a una política monetaria proactiva. La inflación disminuyó de manera constante a lo largo de 2025 y se situó por debajo de la meta de inflación de 4,5 por ciento del BCU, debido a la debilidad mundial del dólar, la contracción de la política monetaria y la desaceleración de la economía. Esto llevó al banco central a iniciar un ciclo de relajación de la política monetaria en julio de 2025. La inflación fue de 4,6 por ciento en agosto, tras converger hacia la meta gracias a la reducción de la tasa de política monetaria y por el aumento de los precios de los combustibles, que se están alineando progresivamente con los precios internacionales (con costos fiscales limitados). Las expectativas de inflación se han mantenido bien ancladas en torno a la meta.
En su segundo año de mandato, el gobierno continúa enfatizando la importancia de la estabilidad macroeconómica y del crecimiento inclusivo. En la Rendición de Cuentas de 2026 se preservan los objetivos de consolidación fiscal del presupuesto quinquenal, y el gobierno está impulsando reformas para estimular el crecimiento, crear más y mejores empleos, y reducir la pobreza.
Perspectivas y riesgos
Mientras que se proyecta un crecimiento del 1,3 por ciento en 2026, debido al efecto de la sequía sobre la agricultura, el resto de la economía está creciendo en torno a su potencial. Posteriormente, se proyecta que el crecimiento alcance 2,4 por ciento en 2027, a medida que se reduzca la brecha del producto. Se proyecta que la inflación se estabilice en la meta de 4½ por ciento a fines de 2026 y en 2027, acompañada de un aumento gradual de la tasa de política monetaria a un nivel neutral. El déficit en cuenta corriente se proyecta en 0,9 por ciento del PIB en 2026, en línea con los fundamentos económicos.
Los riesgos macroeconómicos se inclinan a la baja. Los escenarios negativos tienen su origen en el entorno internacional, tales como condiciones financieras mundiales más restrictivas y shocks en el precio del petróleo, aunque la elevada proporción de energía renovable en Uruguay mitiga esta vulnerabilidad. Los shocks relacionados con condiciones meteorológicas, incluido El Niño, plantean riesgos para la agricultura. Las amplias reservas de liquidez y las condiciones favorables de endeudamiento limitan los riesgos a corto plazo. Los riesgos sistémicos permanecen contenidos, debido a un ratio crédito sobre PIB bajo, bancos líquidos y bien capitalizados, y un nexo soberano-bancario limitado. Los escenarios positivos incluyen ingresos agrícolas más altos, nuevas oportunidades para acceder a mercados y atraer inversiones, también gracias al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y efectos de las reformas más fuertes de lo previsto.
Políticas macroeconómicas
La combinación de políticas debería centrarse en: i) preservar los objetivos de consolidación fiscal estructural; ii) mantener una política monetaria reactiva para continuar anclando las expectativas de inflación; y iii) implementar reformas para fortalecer los canales de transmisión de políticas e impulsar el crecimiento potencial.
Política fiscal
Se prevé que los déficits fiscales de 2026 y 2027 sigan siendo acordes con los objetivos del presupuesto quinquenal. Con los resultados fiscales hasta julio de 2026 acordes en líneas generales a lo previsto, se proyecta que el déficit del GC-BPS se sitúe en 4,1 por ciento del PIB, idéntico al déficit de 2025, excluyendo ingresos extraordinarios de pensiones. En el contexto de una brecha del producto negativa de 1,5 por ciento del PIB en 2026, la decisión de las autoridades de mantener los objetivos del presupuesto a mediano plazo es encomiable. Se prevé que el ajuste fiscal mejore el saldo primario del GC-BPS desde -1,6 por ciento del PIB en 2026 al -0,1 por ciento del PIB en 2029. El ajuste se basa en medidas para fortalecer la administración tributaria, en la implementación del impuesto mínimo global, y en la racionalización del gasto tributario. Si bien estas medidas cuentan con asistencia técnica de organismos multilaterales, publicar información detallada sobre la estimación de sus rendimientos mejoraría la credibilidad de la trayectoria de ajuste.
En el escenario base, se proyecta que la relación deuda sobre PIB del Sector Público No Financiero se mantendrá en general estable a mediano plazo. Este ajuste está sujeto a riesgos derivados del entorno macroeconómico, del contexto impositivo internacional, de demoras en la ejecución, y de presiones de gasto. Esfuerzos adicionales para subir el saldo primario del GC-BPS al ½ por ciento del PIB para 2029 ayudarían a situar la relación deuda sobre PIB en una trayectoria descendente continúa a mediano plazo, y a generar colchones adicionales. Entre las opciones se incluyen reducir los incentivos fiscales, moderar el gasto salarial y mejorar la eficiencia del gasto público. Realizar revisiones estratégicas del gasto (Spending Review) en las ramas más importantes, como la salud y la educación, ayudaría a mejorar la eficiencia y fortalecería el uso de indicadores de desempeño en la decisión presupuestaria.
Las reformas recientes del marco fiscal son bienvenidas, y la puesta en marcha efectiva del mecanismo de corrección afianzará la credibilidad de las políticas y promoverá la sostenibilidad de la deuda. Se especificaron los mecanismos de corrección de la nueva regla fiscal en un decreto publicado en junio de 2026. La buena gestión de deuda, incluyendo su progresiva desdolarización, está mitigando los riesgos de refinanciamiento, de tasa de interés y de tipo de cambio. Uruguay es pionero en financiamiento climático, lo que le ha permitido ampliar su base de inversionistas y obtener financiamiento innovador de instituciones multilaterales. El análisis actuarial realizado por el BPS de la reforma propuesta para la jubilación anticipada indica que tendría efectos insignificantes sobre la sostenibilidad, mientras que el cambio propuesto en la indexación del Suplemento Solidario reduciría los riesgos fiscales. Las autoridades han elaborado una hoja de ruta para mejorar la transparencia fiscal, respaldada por la asistencia técnica del FMI.
Política monetaria
La política monetaria ha sido adecuadamente reactiva y predecible y ha anclado bien las expectativas de inflación. La orientación de la política monetaria ha sido debidamente acomodaticia hasta ahora. El banco central debe seguir tomando decisiones reactivas, y estar preparado para modificar la tasa de política monetaria mientras vigila los factores relevantes a la evolución de la inflación. El firme compromiso del BCU con la meta de inflación, su comunicación ágil, y el alineamiento del presupuesto y de las pautas salariales con la meta han ayudado a anclar las expectativas, incluso después de que los precios del petróleo se dispararan al comienzo del conflicto en Oriente Medio. El tipo de cambio debe seguir absorbiendo los shocks, y las intervenciones cambiarias deben utilizarse únicamente para responder a condiciones desordenadas en el mercado.
El fortalecimiento de la independencia de jure del banco central y de su autonomía financiera consolidarían las mejoras en el marco monetario. Para alinear la independencia de jure del banco central con las mejores prácticas internacionales, los miembros del Directorio del BCU deberían ser nombrados por períodos fijos que no coincidan con el ciclo electoral. La evaluación del marco de metas de inflación y de la meta de inflación debería realizarse según un cronograma regular, ser anunciada de antemano y debidamente comunicada. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la evaluación también debería ser periódica, rigurosa desde el punto de vista analítico, y muy transparente. Cambios en el marco o en la meta deberían hacerse solo cuando los avances estructurales lo justifican, y los requerimientos necesarios para el cambio deberían ser altos.
Los esfuerzos que se están realizando para reducir la dolarización financiera, estimular el crédito en pesos y desarrollar los mercados nacionales de capital son bienvenidos. El BCU está reduciendo la tasa de encaje legal en pesos, reduciendo la remuneración del encaje legal en dólares y promoviendo la competencia en los mercados de pesos, políticas que son apropiadas para incentivar la intermediación financiera en pesos. Con el tiempo, una inflación baja y estable seguirá siendo el principal motor de la desdolarización. En adelante, la desdolarización también puede ayudar a reducir el tamaño del balance del BCU y a reducir su costo cuasifiscal. Los nuevos vehículos de inversión, el fortalecimiento de la regulación de las tecnofinanzas (Fintech) a través de entornos de pruebas regulatorios y las finanzas abiertas (Open Finance) también contribuirán al desarrollo de los mercados financieros.
Sector financiero
El sistema bancario está bien capitalizado, altamente líquido y rentable. Los bancos uruguayos mantienen coeficientes de capital casi el doble del requisito regulatorio mínimo. El crédito en pesos está creciendo a un ritmo de aproximadamente 9 por ciento en términos reales interanuales (agosto de 2026). Esto continúa una tendencia de desarrollo financiero respaldado por reformas financieras y, más recientemente, por tasas de interés más bajas, así como por un programa estatal para promover inversiones sostenibles y verdes (aproximadamente 10 por ciento de la cartera total de crédito corporativo del BROU). Los préstamos en mora siguen siendo bajos y están respaldados por provisiones adecuadas. La rentabilidad disminuyó en 2025 principalmente debido a la debilidad del dólar. Si bien la dolarización generalmente amplifica los riesgos de crédito y liquidez en divisas, estos riesgos están atenuados por un bajo nivel de endeudamiento de los hogares, una mayoría del sector corporativo con liquidez y cubertura cambiaria, y abundante liquidez en divisas en los bancos y el banco central.
Las autoridades continúan fortaleciendo el marco regulatorio y de supervisión. La ampliación del perímetro regulatorio del BCU y la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales contribuirán a la estabilidad e integridad financiera. Las autoridades también han avanzado en la implementación de Basilea III mediante la revisión de los requerimientos de capital, incluyendo un tratamiento diferenciado de los préstamos en divisas, y un nuevo marco de supervisión del Pilar 2. El marco reforzado de prestamista de última instancia del BCU también contribuirá a mejorar la capacidad de gestión de crisis. Las enmiendas al marco ALD/CFT lo fortalecerán en Uruguay.
Aspectos estructurales
Desde 2016, el crecimiento promedió solo el 1,2 por ciento, una cifra insuficiente para converger hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas. Aprovechando el ímpetu reformador de su primer año en el cargo, el gobierno está impulsando un programa de crecimiento inclusivo.
Reforzar la oferta laboral y la inclusión en el mercado laboral es esencial para apoyar el crecimiento en un contexto de presiones demográficas. La Ley Integral de Empleo y Uruguay Impulsa son pasos positivos para mejorar las perspectivas de empleo de los grupos vulnerables, ayudando a abordar los bajos resultados educativos y los altos costos de contratación mediante programas de capacitación y subsidios focalizados. Como se prevé que el envejecimiento de la población sea un lastre sobre el crecimiento, nuevos esfuerzos para cerrar la brecha de género en la participación laboral, atraer trabajadores calificados, y reconocer sus cualificaciones podrían también impulsar la oferta laboral. Los esfuerzos coordinados y la asignación de recursos presupuestarios adicionales para combatir la delincuencia deberían contribuir a abordar los problemas de inseguridad, fortaleciendo así la participación en el mercado laboral y mejorando el clima de negocios.
Las pautas salariales 2025-26 impulsaron los sueldos de los trabajadores con salarios más bajos, y a la vez fueron consistentes con la meta de inflación y redujeron adecuadamente la indexación. Las autoridades deberían supervisar el desempeño del empleo en este marco y abordar formas de tener en cuenta las diferencias de productividad entre empresas.
El proyecto de Ley de Competitividad aborda los obstáculos identificados por las empresas, para así facilitar el comercio, fortalecer la competencia, reducir los trámites burocráticos y atraer inversiones. La mejor coordinación entre los sectores público y privado, a través de la nueva agencia Uruguay Innova, y los incentivos al I+D incluidos en la Ley de Competitividad son bienvenidos. Dado el papel fundamental que desempeñan las empresas públicas y los bancos públicos, avanzar en sus reformas —como por ejemplo una mejor alineación de los salarios con la productividad, una mejor asignación de recursos y una fijación de precios que reflejen los costos—ayudaría a reducir los costos de producción y respaldaría un crecimiento más alto. La agenda de riego del gobierno podría ampliar la producción agropecuaria y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.
Mejorar el sistema educativo fomentará la formación de capital humano y la participación en el mercado laboral. La educación secundaria aún se encuentra rezagada respecto de los estándares de las economías avanzadas, particularmente en las tasas de graduación y en el desempeño en matemáticas. La Rendición de Cuentas 2026 proporciona recursos adicionales y amplía las becas y el apoyo a los hogares desfavorecidos. Estas medidas complementan las reformas curriculares en curso centradas en el aprendizaje basado en competencias y una mejor alineación con las necesidades del mercado laboral, mientras que el marco de competencias en inteligencia artificial del Plan Ceibal debería fortalecer aún más el desarrollo de habilidades.
El equipo de Uruguay desea agradecer a las autoridades uruguayas por su hospitalidad y su constructiva diálogo y colaboración durante la misión del Artículo IV a Montevideo.
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