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Las autoridades deben responder ante la aceleración de la delincuencia financiera que se vale de las herramientas digitales
CHADY EL KHOURY es consejero jurídico adjunto y jefe de división en el Departamento Jurídico del FMI.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
En junio, el Departamento de Justicia anunció la mayor incautación de criptoactivos de la historia de Estados Unidos: USD 225 millones procedentes de fraudes en criptoactivos conocidos con el nombre de pig butchering, la estafa romántica en la que delincuentes organizados, a menudo en un plano transfronterizo, usan tecnología avanzada e ingeniería social (relaciones sentimentales o mecanismos de inversión) para manipular a las víctimas. A través de perfiles generados por IA, mensajes cifrados y transacciones con cadenas de bloques opacas, ocultan y mueven fondos robados.
La operación fue una gran victoria. Gracias a la colaboración entre agentes federales de distintas jurisdicciones, basada en el análisis de cadenas de bloques y el aprendizaje automático, pudieron rastrearse miles de billeteras que habían servido para estafar a más de 400 personas. Victorias como esta son la excepción y revelan que, con frecuencia, las autoridades van a la zaga en un mundo digital en permanente evolución. Pero los estafadores siguen ahí.
Estos delincuentes aventajan a las fuerzas de seguridad porque su adaptación es cada vez más rápida. Eligen las mejores herramientas para sus planes, que van del lavado de dinero con criptoactivos y la suplantación de identidad con IA a la creación de contenido ultrafalso, aplicaciones cifradas y plataformas de intercambio descentralizadas. Las autoridades que enfrentan estas amenazas anónimas y transfronterizas topan con límites jurisdiccionales, los procesos y los sistemas heredados.
Según Chainalysis, una empresa de análisis de cadenas de bloques con sede en Nueva York, especializada en ayudar a la policía criminal a rastrear transacciones, las actividades ilícitas en criptoactivos han crecido un promedio del 25% anual en los últimos años y podrían haber superado los USD 51.000 millones el año pasado.
Los delincuentes siguen sirviéndose del efectivo y el sistema financiero tradicional; el lavado de dinero, en concreto, necesita de los bancos, los remeseros y los agentes de cambio informales. No obstante, los métodos tradicionales se están reforzando o sobrecargando con tecnologías para frustrar su detección e interrupción.
Las aplicaciones de mensajería cifrada facilitan a los cárteles coordinar transacciones transfronterizas. Las criptomonedas estables y las plataformas de activos virtuales poco reguladas pueden esconder sobornos y malversación de fondos. Los ciberdelincuentes utilizan identidades generadas con IA y bots para engañar a los bancos y eludir sus anticuados controles. Rastrear los beneficios generados por el crimen organizado es casi imposible, ya que los organismos no cuentan con recursos suficientes.
Además, la IA facilita el acceso a estas actividades. Gracias a la clonación de voz y la generación de documentación falsificada, los estafadores se saltan los protocolos de verificación que muchos bancos y reguladores siguen utilizando. Cada vez son más innovadores, y los regímenes de cumplimento se están quedando rezagados. Los gobiernos son conscientes del peligro, pero responden de forma fragmentada y desigual, también por lo que se refiere a la regulación de las plataformas de intercambio de criptoactivos. Además, hay retraso en la implementación de la “regla de viaje” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para identificar mejor a quienes envían y reciben dinero más allá de sus fronteras, ya que la mayoría de los ingresos digitales las cruzan.
Mientras tanto, los flujos financieros internacionales enfrentan complicaciones cada vez mayores debido a las transferencias instantáneas realizadas desde plataformas descentralizadas y con herramientas que potencian la anonimidad. La mayor parte de los pagos siguen pasando por múltiples intermediarios, a menudo estratificando transacciones transfronterizas a través de bancos corresponsales anticuados que ocultan y retrasan las transacciones, además de incrementar su costo. De este modo, los delincuentes aprovechan las lagunas en la supervisión, la coordinación entre jurisdicciones y la capacidad tecnológica para llevar a cabo sus actividades transfronterizas, a menudo sin ser descubiertos.
También existe una trama paralela. Los delincuentes se sirven de la innovación para conseguir mantener la confidencialidad y ganar velocidad, mientras que empresas y gobiernos ponen a prueba su coordinación para reducir vulnerabilidades y modernizar la infraestructura transfronteriza. Al mismo tiempo, las implicaciones tecnológicas siguen sin explorarse suficientemente en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).
La vinculación de los sistemas de pagos rápidos de Singapur y Tailandia, por ejemplo, permite efectuar transferencias minoristas en tiempo real a partir de un número de teléfono móvil; por su parte, Indonesia y Malasia han conectado los códigos QR para poder realizar pagos transfronterizos. Estas innovaciones generan eficiencia e inclusión, pero plantean nuevas cuestiones en relación con la verificación de identidad, el seguimiento de transacciones y la coordinación normativa (véase “El avance de los pagos transfronterizos en el Sudeste Asiático” en esta edición de F&D).
En la India, la UPI permite efectuar transferencias ágiles entre aplicaciones y plataformas distintas, lo que pone de relieve el poder de la interoperabilidad. Los más de 18.000 millones de transacciones mensuales, muchas de ellas entre plataformas rivales, demuestran que la apertura y la estandarización impulsan la amplitud y la inclusión. En la India, los pagos digitales crecieron a un ritmo mayor cuando mejoró la interoperabilidad, en especial en mercados fragmentados en los que los cambios de operador resultaban caros, según se desprende de un estudio del FMI (véase “Pagos sin fricciones en la India” en esta edición de F&D).
Estas innovaciones regionales e iniciativas mundiales son consecuencia de una mayor concienciación de que la lucha contra la delincuencia y el fomento de la inclusión son prioridades interconectadas, sobre todo porque los delincuentes innovan a toda velocidad. El GAFI manifestó esta preocupación e instó a los países a crear controles LLD/LFT que respaldasen la inclusión y la innovación. Asimismo, la recomendación emitida en junio por el GAFI supone un gran avance: la obligación de declarar los datos del originador y el beneficiario en las transferencias bancarias transfronterizas —también en las de activos virtuales— aumentará la capacidad de rastreo en un ecosistema financiero digital en rápida evolución.
Iniciativas como esta son ejemplos importantes de la forma en que la tecnología supone una ventaja para los delincuentes; sin embargo, la tecnología debe formar parte también de la respuesta reguladora.
Modernizar los sistemas de pagos transfronterizos y reducir las barreras involuntarias a la LLD/LFT significa centrarse cada vez más en la transparencia, la interoperabilidad y la regulación basada en riesgos. En este sentido, la labor del FMI en el ámbito de los “corredores de pago seguro” ayuda a los países a construir canales seguros para los flujos financieros legítimos sin desautorizar las nuevas tecnologías. El programa piloto de Samoa —con el cual se redujeron los riesgos, cosa que provocó perturbaciones en las remesas— demostró que las salvaguardias focalizadas y la colaboración con proveedores regulados logran preservar el acceso, manteniendo la integridad financiera y sin afectar el uso de las nuevas plataformas de pago.
Con la orientación del FMI, varios países invierten actualmente en el aprendizaje automático para detectar anomalías en los flujos financieros transfronterizos; otros han endurecido la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Los gobiernos, por su parte, están desarrollando su capacidad de rastreo de transferencias de criptoactivos, tarea para la cual suelen contratar a empresas de análisis de cadenas de bloques.
El análisis de flujos financieros transfronterizos del FMI y las normas actualizadas del GAFI se refuerzan entre sí. Si se implementan de forma cohesionada, pueden contribuir a que la eficiencia digital coexista con la integridad financiera. Para que esto suceda, es preciso adaptar los marcos jurídicos para que permitan el acceso oportuno a pruebas digitales, preservando a la vez el respeto de las garantías procesales. Los modelos de supervisión deben evolucionar para poder supervisar tanto a bancos como a instituciones financieras no bancarias que ofrecen servicios transfronterizos. Los reguladores y las empresas de tecnofinanzas deben cooperar, y la colaboración multilateral sostenida debe promover los pagos transfronterizos rápidos, baratos, transparentes y la posibilidad de rastrearlos, sobre la base de normas interoperables que respeten también la privacidad.
Los gobiernos no pueden bajar la guardia. Esto implica invertir en tecnología reguladora; por ejemplo, la supervisión de transacciones basada en IA y el análisis de cadenas de bloques. Además, debe dotarse a los organismos de herramientas y conocimientos para poder detectar complejas estructuras de criptomonedas y fraudes de identidad sintética. Para seguir el ritmo a los delincuentes, las instituciones deben contratar y retener a expertos en ciencia de datos y especialistas en delincuencia financiera. Los activos virtuales deben someterse a regulación en materia de LLD/LFT, las asociaciones público-privadas deberían desarrollar herramientas conjuntas para detectar riesgos emergentes, y las normas mundiales del GAFI y el Consejo de Estabilidad Financiera deben respaldarse con inversiones nacionales en marcos eficaces para la LLD/LFT.
Es importante que su implementación sea coherente y coordinada. Las iniciativas fragmentadas dejan las puertas abiertas a que los delincuentes se aprovechen. Su creciente ventaja tecnológica con respeto a los gobiernos podría minar la integridad financiera, desestabilizar economías, debilitar instituciones ya de por sí frágiles y erosionar la confianza en sistemas pensados para garantizar la seguridad y la equidad. Las bandas criminales adoptan y adaptan las tecnologías emergentes para esquivar a las fuerzas de seguridad, con un costo no solo fiscal, sino también estructural y sistémico. Los gobiernos no pueden esperar más. Los delincuentes no lo harán.
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