Infraestructura digital

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Muchos países destinan miles de millones al gasto en tecnología de la información sin considerar esos sistemas como infraestructura compartida, lo que fragmenta los sistemas y dificulta el intercambio de datos entre organismos públicos y con el sector privado.
Ejemplo conceptual: se construyen múltiples servicios digitales que duplican funciones, como si se construyera "una docena de carreteras para unir los dos mismos lugares".

La IPD conecta instituciones y multiplica las posibilidades de generar valor, análogamente a cómo las carreteras conectan lugares.
Ejemplos y efectos observados:
- Aadhaar (India): ahorro directo en términos de eficiencia; reducción del fraude y desvío de prestaciones; impulso a la telefonía móvil; reducción drástica de los costos de cumplimiento de obligaciones de conocimiento del cliente.
- Malawi: uso de identificación biométrica para verificar identidad y energizar mercados crediticios, reduciendo el riesgo de impago y ampliando el acceso al crédito.
- Potenciales efectos generales: reducción de costos de cumplimiento para instituciones financieras, ampliación del acceso al crédito, habilitación de nuevos modelos de negocio, transformación de mercados.
Estadísticas de capacidad instalada (según iniciativa mundial dirigida por University College London):
- más de 64 programas nacionales de identidad electrónica
- 97 sistemas de pagos digitales
- 103 plataformas de intercambio de datos que podrían funcionar como infraestructura
- apenas la mitad de los sistemas nacionales de identidad digital sirven para más de dos servicios públicos
- Sudáfrica tiene ocho plataformas nacionales de intercambio de datos que operan de manera aislada

La sociedad espera servicios digitales rápidos, eficaces y fluidos; ese nivel depende de la capacidad de conectarse y utilizar distintos conjuntos de datos.
Cuando servicios, autenticaciones y aplicaciones evolucionan de forma aislada:
- aumentan costos y complejidad
- los servicios más pequeños quedan más perjudicados
- el Estado pierde posibilidades de integrar datos y responder con eficacia
Consecuencias: pérdida de credibilidad y recursos del gobierno; menor capacidad para adaptarse y resolver problemas mediante nuevos programas y políticas; tensiones económicas y sobrecarga de eficiencia, en especial ante inestabilidad geopolítica, económica y ambiental.

Alcance del diagnóstico: talleres con funcionarios de Tesoro y Hacienda de más de 50 países; preocupación central: el rendimiento del dinero debe mostrarse sin demora.
Tres complicaciones fundamentales:

1. Coordinación

Los ministerios de Hacienda suelen ser reactivos (evaluadores) más que proactivos (estrategas); falta de control sobre presupuestos, autoridad para coordinar entre ministerios o influencia para hacer cumplir normas comunes.
Cita: “somos porteros, no delanteros”.

2. Financiamiento

La IPD requiere inversión a largo plazo para construir, mantener y modernizar sistemas, pero las presiones políticas y presupuestarias favorecen resultados inmediatos.
Preocupación por proyectos impulsados por donantes sin planes claros de financiamiento a largo plazo.
La dispersión del gasto en muchas partidas presupuestarias dificulta la gestión coherente de la infraestructura.

3. Evaluación

Los análisis de costo-beneficio convencionales no captan efectos intersectoriales indirectos y a largo plazo de la IPD; tienden a ser cortoplacistas y simplificadores.
Dificultad para proyectar rendimientos de plataformas compartidas cuando el valor aparece como mejores servicios, menos filtraciones o nuevas prestaciones.
Necesidad de integrar la IPD en marcos de gestión de la inversión pública y planes presupuestarios plurianuales.

Evaluadores: examinan propuestas digitales con un enfoque en su potencial como infraestructura.
- Ejemplo: Reino Unido — GOV.UK Notify como parámetro de referencia; debate sobre valoración y financiación de GOV.UK Pay y GOV.UK One Login.
Coordinadores y ejecutores: usan procesos presupuestarios para armonizar inversiones, vetar duplicaciones y promover uso compartido.
- Ejemplo: Uganda — modelo de presupuestación programática que exige presentar colectivamente las necesidades informáticas; políticas de contratación pública que requieren autorización del regulador nacional de tecnologías de la información.
Implementadores: en casos excepcionales, administran la implementación total de componentes básicos de la IPD.
- Ejemplo: CamDX (Camboya) — de registrar empresas a prestar servicios mucho más amplios.
Elementos comunes: visión de la IPD como bien público; formulación de razones, incentivos y condiciones para que la infraestructura tenga éxito; gestión estratégica más allá de la supervisión fiscal.

La adopción de inteligencia artificial y servicios digitales hace más costoso mantener sistemas fragmentados (desde almacenamiento de datos hasta potencia informática).
La IPD compartida ofrece plataformas escalables e integradas con valor público duradero.
Requisitos para el Estado: nuevas capacidades de gobernanza y gestión de la confianza pública.
Riesgo político y social: oposición ciudadana posible ante digitalización que intensifique la vigilancia o no alivie la carga administrativa.

Durante la pandemia de COVID, Estados Unidos destinó USD 800.000 millones al programa de protección salarial.
Resultado analizado por David Autor y colegas de la Asociación Americana de Economía: en el mejor de los casos, apenas entre un cuarto y un tercio de esos fondos beneficiaron a los trabajadores que más los necesitaban; el resto terminó en manos de hogares más pudientes.
Lección: con sistemas administrativos modernos, otros países de ingreso alto pudieron dirigir mejor la ayuda a empresas en dificultades financieras.

Transformación que deben liderar los ministerios de Hacienda:
- del financiamiento de proyectos aislados al lanzamiento de infraestructuras compartidas
- del ahorro a corto plazo al valor público a largo plazo
- de la propiedad fragmentada a la gestión institucional
Acciones clave sugeridas:
- Adoptar una visión estratégica de la IPD y valorar inversiones como infraestructura compartida.
- Usar la autoridad fiscal y de coordinación para dirigir la adopción: coordinar ministerios, fijar normas y exigir revisión de la finalidad de los recursos.
- Integrar la IPD en marcos de gestión de la inversión pública y en planes presupuestarios plurianuales.
- Desarrollar modelos de financiación a largo plazo que eviten la dependencia de proyectos puntuales o donantes sin sostenibilidad.
- Fortalecer capacidades de gobernanza para proteger la confianza pública y gestionar riesgos fiscales y sociales.

Infraestructura digital — FINANZAS & DESARROLLO. Diane Coyle, DAVID EAVES, BEATRIZ VASCONCELLOS. Marzo de 2026.