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Cómo puede la política fiscal contribuir a reducir las emisiones en Oriente Medio y Asia Central

La introducción temprana de estrategias de mitigación climática ayudará a los países a cumplir sus compromisos del Acuerdo de París y a que la transición hacia una economía de bajas emisiones se realice con fluidez

Jihad Azour, Gareth Anderson, Ling Zhu

9 de noviembre de 2022

Prácticamente la totalidad de los 32 países de Oriente Medio y Asia Central se han comprometido a contener las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como parte del Acuerdo de París. Para cumplir estos compromisos, los países deben integrar ya con urgencia las políticas climáticas en las estrategias económicas nacionales. 

En nuestro nuevo estudio, el primero de este tipo para la región, se calcula su compromiso de reducción de emisiones de GEI y se identifican opciones de política fiscal para lograr este objetivo.

Estimamos que los países de Oriente Medio y Asia Central se han comprometido de forma colectiva a reducir las emisiones anuales de GEI, de aquí a 2030, entre un 13% y un 21% respecto de la tendencia actual, según la disponibilidad de apoyo externo. Esto significa que la región tendrá que reducir sus emisiones per cápita hasta un 7% en los próximos ocho años. Solo unos pocos países han logrado esa reducción y mantenido al mismo tiempo el crecimiento económico.

En nuestra descripción de opciones de política para cumplir con el compromiso de mitigación de la región, nos centramos en dos categorías de políticas fiscales —y en las disyuntivas entre ellas— para frenar las emisiones de GEI: primero, medidas que aumentan el precio efectivo de los combustibles fósiles y, segundo, inversiones públicas en fuentes renovables de energía.

 

Aumento de los precios de los combustibles fósiles

En la primera opción, las metas de mitigación de la región para 2030 podrían cumplirse mediante la eliminación gradual de los subsidios al combustible, junto con la introducción progresiva de un impuesto sobre el carbono de USD 8 por tonelada de emisiones de CO2 en Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán (OMNAP), y de USD 4 por tonelada en el Cáucaso y Asia Central (CAC). Algunos países ya están dando pasos audaces en esta dirección. Por ejemplo, Kazajstán introdujo un régimen de comercio de emisiones, Jordania está eliminando de forma gradual los subsidios a los combustibles y Arabia Saudita puso en marcha recientemente un mercado regional de créditos de carbono.

Elevar el precio efectivo de los combustibles fósiles presenta retos a corto plazo, ya que requiere que sea la generación actual quien soporte la carga de la transición energética. Las personas vulnerables y las empresas que dependen de la energía barata se verían especialmente afectadas. Aunque los nuevos recursos fiscales procedentes de los ingresos tributarios y de la reducción de los subsidios podrían aliviar estos efectos colaterales, el crecimiento económico podría desacelerarse de forma temporal y la inflación podría aumentar.

No obstante, esta transición, a largo plazo, dejará para las generaciones futuras una economía más limpia, más eficiente desde el punto de vista energético y potencialmente más competitiva, ya que heredaría menos distorsiones, finanzas públicas más sólidas y una asignación de recursos más eficiente.

 

La inversión en energías renovables

En la segunda opción, si se realizan inversiones públicas adicionales en energías renovables de USD 770.000 millones en la región OMNAP y de USD 114.000 millones en la región CAC —más de una quinta parte del producto interno bruto actual de la región— entre 2023 y 2030, se podrían lograr las metas de reducción de emisiones de la región con una reducción de los subsidios a los combustibles de solo dos tercios y sin ningún impuesto sobre el carbono. En la región, ya están despegando diversos proyectos en energías renovables a gran escala. Por ejemplo, Qatar ha desarrollado la central solar más grande del mundo, con una capacidad de 800 megavatios que puede satisfacer aproximadamente una décima parte de la demanda máxima del país, mientras que Dubái ha construido un parque de energía solar en un único emplazamiento de 5.000 megavatios, que también es el proyecto más grande de este tipo. 

Esta opción comporta varias ventajas para la generación actual. Las familias y las empresas no tendrían tantas dificultades para cambiar sus hábitos de consumo de energía debido al menor aumento de precios. Además, las inversiones específicas en fuentes renovables de energía crearán más empleos y un crecimiento más rápido, al tiempo que mejorarán la seguridad energética de los países importadores de petróleo.

Pero este enfoque también tiene algunos costos a largo plazo. Es probable que los subsidios restantes a los combustibles sigan distorsionando los precios de la energía, lo que limitaría las ganancias de eficiencia energética y, en muchas partes de la economía, las emisiones no disminuirían en su gran mayoría. Realizar un gasto público importante para acelerar la transición energética podría debilitar la situación de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, y dejaría menos recursos disponibles para las generaciones futuras.

Estimamos que la deuda pública neta en 2030 podría aumentar un 12% del PIB en la región OMNAP y un 15% en la región CAC. Por lo tanto, realizar una transición más fluida ahora podría situar a las generaciones futuras en una trayectoria de menor crecimiento a largo plazo.

 

Es hora de actuar

Los gobiernos de la región enfrentan una decisión difícil: cómo distribuir entre generaciones la carga económica de la mitigación climática. Otras combinaciones de estas estrategias fiscales son también compatibles con el logro de las metas de emisiones de los países. Los países deben elegir la opción que mejor se adapte a sus circunstancias y a su disponibilidad de recursos presupuestarios. Con independencia de la elección, la adopción temprana de una estrategia fiscal contribuirá a que se cumplan a tiempo los compromisos de mitigación y a minimizar las posibles perturbaciones económicas.

Cuanto antes se comience, más tiempo habrá para el debate público nacional, para que el sector privado se ajuste a los cambios de política esperados y para que las autoridades implementen políticas que aborden los posibles efectos colaterales, entre otras, la mejora de las redes de seguridad social.

Por último, comenzar pronto acelerará el ritmo de otras políticas y reformas estructurales, lo que ayudará a que la trayectoria hacia economías más verdes de los países de la región sea más fluida.