El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2019 con Guatemala

17 de junio de 2019

El 10 de junio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Guatemala [1] y consideró y aprobó la evaluación preparada por el equipo técnico sin celebrar una reunión. [2]

Antecedentes

Los fundamentos económicos siguen siendo robustos, apuntalados por un marco macroeconómico sólido. Después de tres años de desempeño modesto, el crecimiento se ha reactivado desde mediados de 2018, respaldado por la solidez de las remesas y del consumo privado, un impulso fiscal positivo, y una recuperación del crédito y de la inversión. En 2018, los niveles de inflación promedio (3¾ por ciento), de déficit fiscal (1.8 por ciento del PIB), y de deuda pública (25 por ciento del PIB) se mantuvieron en niveles moderados. La posición externa continuó fuerte, al compensar las cuantiosas remesas el deterioro de los términos de intercambio y de la balanza comercial. El sector bancario continuó gozando de liquidez y de una buena capitalización, y los préstamos en mora permanecieron en niveles bajos y con provisiones adecuadas.

Las perspectivas de crecimiento a corto plazo son positivas, respaldadas por las políticas fiscales y monetarias. Se proyecta que el crecimiento alcance un máximo de 3.7 por ciento en 2021, y que después converja hacia su tasa potencial de 3½ por ciento para 2024, al tiempo que la inflación permanece dentro del rango meta de 4±1 por ciento. Se prevé que el déficit fiscal aumente a 2.4 por ciento el próximo año, lo que brindará un impulso fiscal acumulado de 0.6 por ciento del PIB en el período 2019-20, en tanto que la política monetaria permanecerá acomodaticia a corto plazo para después normalizarse de forma gradual. Se prevé que para 2024 el saldo en cuenta corriente se deteriore a -1½ por ciento del PIB, si bien se espera que las reservas internacionales permanezcan en niveles adecuados. Los riesgos a las perspectivas se inclinan a la baja, provenientes, principalmente, de una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y otros socios comerciales regionales, y, en lo interno, de demoras en la implementación de reformas al clima de negocios y en los esfuerzos anticorrupción.

A mediano plazo, un crecimiento más vigoroso e inclusivo es fundamental para elevar sustancialmente los niveles de vida de los guatemaltecos, al tiempo que se preserva la solidez macroeconómica. Los esfuerzos que se están llevando a cabo para mejorar la capacidad de ejecución del gasto, revertir la disminución en la recaudación de impuestos, asegurar un uso más eficiente y ágil de los recursos públicos, y promover un entorno empresarial próspero, deben seguir fomentando el crecimiento del sector privado y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Evaluación del Directorio Ejecutivo

Al concluir la Consulta del Artículo IV de 2019 con Guatemala, los directores ejecutivos avalaron la evaluación del personal técnico en los siguientes términos:

Las perspectivas económicas son positivas en un entorno de fundamentos sólidos, pero los esfuerzos para elevar el crecimiento potencial siguen siendo una prioridad para mejorar los niveles de vida. Es crucial lograr un consenso sobre la implementación de las necesarias reformas al clima de negocios y al sector público a fin de promover el crecimiento del sector privado y un mayor gasto social y en infraestructura que faciliten el logro de los ODS.

El crecimiento a corto plazo apunta hacia una recuperación. Se proyecta que el crecimiento se acelere y alcance un máximo en 2021, impulsado por un estímulo fiscal adicional, una recuperación de las exportaciones y un mayor ímpetu de la inversión, para luego converger hasta su tasa potencial de 3½ por ciento en 2024. Se prevé que la inflación alcance el punto medio de la banda meta conforme se cierre la brecha del producto. La posición externa sigue siendo más sólida de la consistente con los fundamentos de mediano plazo y las políticas recomendadas, pero se espera que la brecha se cierre para 2024.

El apoyo que las políticas fiscal y monetaria brindan a la demanda agregada debe continuar en el corto plazo, dada la capacidad ociosa existente. La política fiscal debe revertir la disminución de los ingresos y mantener la ejecución del gasto. Las condiciones monetarias acomodaticias deben continuar conforme la brecha del producto se cierre, en un contexto de expectativas inflacionarias bien ancladas. A mediano plazo, cuando la economía alcance su nivel potencial (en 2021 según estimaciones del personal técnico), la trayectoria de normalización debería ser gradual y dependiente de los datos.

A mediano plazo, la política fiscal debería preservar la estabilidad macroeconómica al tiempo que procura un gasto más productivo. Es necesario incrementar la recaudación de impuestos y mejorar la eficiencia del gasto con el fin de ampliar el espacio fiscal. A tal efecto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debe redoblar sus esfuerzos para reducir la evasión fiscal. Las reformas encaminadas a hacer más eficiente el gasto deben incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, reforzar la relación costo-beneficio de las contrataciones públicas, flexibilizar el presupuesto, y racionalizar los incentivos y las exenciones tributarias. A medida que se incremente el gasto, las autoridades deben priorizar las inversiones que generen las mayores externalidades positivas y con mayor potencial para recuperación costos y participación del sector privado. Posteriormente, dada la magnitud de las actuales brechas sociales y de infraestructura, podría considerarse una reforma tributaria integral para financiar un aumento en el gasto, siempre que sea bien planificado.

Sobre la base de un sólido manejo de la política monetaria, podrían considerarse mejoras adicionales al régimen de metas de inflación. Las medidas que permitirían una transmisión monetaria más eficaz incluyen (i) mejorar la flexibilidad del tipo de cambio; (ii) ampliar el uso de títulos del Tesoro y/o del banco central, a la vez que se promueve la adopción de la ley del mercado de valores y la desmaterialización de títulos-valores; y (iii) seguir refinando la estrategia de comunicación prospectiva.

La agenda de las autoridades para fomentar un entorno empresarial próspero es encomiable y debe acelerarse. Las iniciativas previstas para restablecer la seguridad jurídica de los proyectos de inversión de gran escala son vitales para mejorar la confianza de los inversionistas. Para reforzar la inversión, también es importante impulsar el marco de las alianzas público-privadas (APP), aprobar la ley de infraestructura vial, y continuar facilitando la emisión de permisos de construcción. La creación de una agencia de promoción de exportaciones y la agilización de los procedimientos aduaneros con El Salvador y México, pueden ampliar el potencial de las exportaciones.

El gobierno debería reafirmar su compromiso con la estrategia anticorrupción. Fortalecer el Ministerio Público y las capacidades judiciales debe ser prioridad. Los esfuerzos deben ir encaminados a preservar los avances jurídicos e institucionales y las capacidades existentes, así como a fortalecer las competencias de investigación y de procesamiento, y a reducir la mora judicial. El personal técnico apoya los planes de las autoridades para ampliar la cobertura de la fiscalía y consolidar su independencia financier. Para complementar estos esfuerzos, una estrategia anticorrupción de carácter preventivo debería afianzar el marco de contrataciones públicas y el de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, reducir la burocracia, mejorar el cumplimiento de los contratos, y hacer más transparentes las exenciones fiscales.

Sobre la base de un sistema financiero sólido, las autoridades deberían centrarse en promover la inclusión financiera. Es necesario redoblar los esfuerzos para hacer efectiva la ley de entidades de microfinanzas de 2016, y para introducir cuentas bancarias simplificadas y burós de crédito. La creación de una Comisión interinstitucional para coordinar la ejecución de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es una oportunidad para promover soluciones basadas en FinTech. La intención de las autoridades de analizar las medidas regulatorias mediante un enfoque sandbox que conjugue la innovación tecnológica con la estabilidad financiera es una decisión acertada.


Guatemala: Indicadores económicos y sociales seleccionados

I. Indicadores demográficos y sociales

Población en 2018 (millones)

17

Índice de Gini (2014)

49

Porcentaje de población indígena (2016)

41

Esperanza de vida al nacer (2017)

74

Población por debajo de la línea de pobreza (Porcentaje, 2014)

59

Tasa de analfabetismo, adultos (2017)

19

Clasificación en el índice de desarrollo del PNUD (2017; de 189)

127

PIB per cápita (USD, 2017)

4.470

II. Indicadores económicos

Proyecciones

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(Variación porcentual anual, salvo indicación en contrario)

Ingresos y precios

PIB real

4,1

3,1

2,8

3,1

3,4

3,5

Precios al consumidor (final del período)

3,1

4,2

5,7

2,3

3,8

4,1

Sector monetario

M2

9,4

6,6

8,4

9,4

6,9

7,7

Crédito al sector privado

12,8

5,9

3,8

7,0

7,0

8,4

(Porcentaje del PIB, salvo indicación en contrario)

Ahorro e inversión

Inversión nacional bruta

14,0

13,3

11,8

12,0

12,0

12,0

Sector privado

12,3

11,7

11,0

10,9

10,9

10,8

Sector público

1,3

1,2

1,1

1,0

1,1

1,2

Ahorro nacional bruto

13,8

14,8

13,4

12,8

12,6

12,3

Sector privado

13,7

14,5

13,4

13,3

13,6

13,4

Sector público

0,1

0,3

0,0

-0,5

-0,9

-1,1

Ahorro externo

0,2

-1,5

-1,6

-0,8

-0,6

-0,3

Sector externo

Saldo en cuenta corriente

-0,2

1,5

1,6

0,8

0,6

0,3

Balanza comercial (bienes)

-8,7

-7,6

-7,9

-9,3

-10,0

-10,2

Exportaciones

17,0

15,4

14,7

14,1

13,9

13,6

Importaciones

25,7

23,0

22,6

23,4

23,8

23,8

De las cuales: Petróleo y lubricantes

3,6

3,1

3,4

3,8

3,7

3,8

De las cuales: Reembolso de atrasos

Otras (netas)

8,6

9,0

9,5

10,1

10,6

10,6

De las cuales: Remesas

10,1

10,7

11,0

12,0

12,8

13,2

Saldo de la cuenta de capital

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo de la cuenta financiera (Prést. netos (+))

-0,9

0,5

1,2

1,1

0,6

0,3

Del cual: IED, neta

-1,7

-1,6

-1,3

-1,0

-1,0

-1,0

Errores y omisiones

-0,7

-1,0

-0,4

0,3

0,0

0,0

Variac. de los activos de reserva (incremento (+))

0,7

2,0

3,4

1,2

0,0

0,0

Reservas internacionales netas

(Saldo en meses de importaciones de bienes y servicios del próximo año)

4,5

4,9

5,8

6,1

5,7

5,4

(Saldo con respecto a la deuda a corto plazo con vencimiento residual)

1,6

1,8

2,1

2,4

2,4

2,2

Finanzas públicas

Gobierno central

Ingresos públicos

10,8

11,0

10,8

10,6

10,4

10,5

Gastos

12,3

12,1

12,1

12,3

12,6

12,9

Corrientes

10,1

10,0

9,9

9,9

10,0

10,1

Capital

2,2

2,1

2,2

2,4

2,5

2,7

Saldo primario

0,1

0,4

0,1

-0,3

-0,7

-0,9

Saldo global

-1,4

-1,1

-1,3

-1,8

-2,2

-2,4

Financiamiento del saldo del gobierno central

1,4

1,1

1,3

1,8

2,2

2,4

Financiamiento externo neto

0,7

0,8

0,2

0,1

0,4

0,1

Financiamiento interno neto

0,7

0,3

1,1

1,7

1,8

2,3

Del cual: Uso de depósitos públicos

-0,1

-0,5

-0,1

-0,1

0,1

0,2

Saldo del resto del sector público no financiero

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Sector público no financiero combinado

Saldo primario

0,3

0,6

0,3

-0,1

-0,5

-0,7

Saldo global

-1,2

-0,9

-1,1

-1,6

-2,0

-2,2

Deuda del gobierno central

24,2

24,0

23,8

24,7

25,4

26,0

Externa

11,6

11,5

10,7

10,7

10,6

10,1

Interna 1/

12,6

12,5

13,0

14,0

14,8

15,9

Partidas informativas:

PIB (miles de millones de USD)

63,8

68,7

75,6

78,4

80,7

85,6

Brecha del producto (% del PIB)

0,8

0,5

-0,1

-0,4

-0,3

-0,1

Fuentes: Banco de Guatemala; Ministerio de Finanzas Públicas, y estimaciones y proyecciones del personal del FMI.

1/ No incluye las obligaciones de recapitalización al banco central.


[1] Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus miembros, habitualmente todos los años. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, recaba información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en materia económica. Tras regresar a la sede del FMI, los funcionarios elaboran un informe que sirve de base para el análisis del Directorio Ejecutivo.

[2] El Directorio Ejecutivo toma decisiones conforme al procedimiento de aprobación tácita por vencimiento cuando el Directorio acuerda que una propuesta puede considerarse sin convocar a deliberaciones formales.

 

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