Comunicado de prensa No. 22/228

El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la cuarta y quinta revisión del Servicio Ampliado del FMI para Ecuador

24 de junio de 2022

• El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó en forma combinada la cuarta y quinta revisión del acuerdo a 27 meses en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador, lo cual hace posible un desembolso inmediato equivalente a aproximadamente USD 1.000 millones.
• El programa económico de Ecuador respaldado por el SAF tiene por objeto estabilizar la economía, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social para proteger a los vulnerables, promover una gestión transparente de los recursos públicos y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.
• La mejora continua de la gestión financiera pública y los avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción apuntalarían la eficiencia y el rendimiento de cuentas del sector público.

Washington, DC: El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el día de hoy en forma combinada la cuarta y quinta revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Ecuador. La decisión del Directorio Ejecutivo permite efectuar un desembolso inmediato DEG 700 millones (aproximadamente USD 1.000 millones). Las autoridades ecuatorianas tienen previsto destinar los recursos del desembolso a apoyo presupuestario.

El SAF de 27 meses de Ecuador fue aprobado por el Directorio Ejecutivo el 30 de septiembre de 2020 (véase el Comunicado de Prensa No. 20/302) por DEG 4.615 millones (alrededor de USD 6.500 millones, o aproximadamente 661% de la cuota de Ecuador). El programa tiene por objeto apoyar la recuperación económica de Ecuador tras la pandemia, restablecer la sostenibilidad fiscal con equidad y generar un crecimiento sostenible con empleo de alta calidad.

El Directorio Ejecutivo aprobó la solicitud de las autoridades de una dispensa del incumplimiento del criterio de ejecución fijado para fines de diciembre de 2021 relativo al saldo global del Presupuesto General del Estado (PGE) y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), sobre la base de las medidas correctivas que las autoridades ya han adoptado y las que se han comprometido a adoptar. El Directorio Ejecutivo también examinó un informe de la Directora Gerente acerca del suministro de datos inexactos sobre el saldo global del Presupuesto General del Estado (PGE) y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD), que dio lugar a una compra improcedente por parte de Ecuador en septiembre de 2021 y un incumplimiento de la obligación en el marco del Artículo VIII, Sección 5, del Convenio Constitutivo del FMI. La compra improcedente obedeció al registro de una cifra más baja correspondiente a obligaciones de transferencias por pensiones y gasto sanitario del PGE al fondo de seguridad social (IESS).

Tras las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Ecuador, la Subdirectora Gerente y Presidenta Interina, Antoinette Sayeh, realizó la siguiente declaración:

“La economía repuntó y registró un crecimiento de 4,2% en 2021, gracias a una eficaz campaña de vacunación y una acertada gestión macroeconómica. Se ha preservado la estabilidad macroeconómica y financiera. Aunque la actual guerra en Ucrania ha tenido efectos perjudiciales en algunos sectores, los precios más altos del petróleo están mejorando los saldos externo y fiscal de Ecuador.

La asistencia social a familias de bajos ingresos continúa ampliándose. En la actualidad, ocho de diez familias de bajos ingresos reciben apoyo del gobierno, frente a tres de diez familias hace tan solo dos años. Este mayor apoyo está ayudando a amortiguar el impacto que el aumento de la inflación está teniendo en los más vulnerables.

La adopción de una ley tributaria progresiva el año pasado marcó un hito en la mejora de la sostenibilidad fiscal con equidad. Aunque se ha suspendido la reforma de los subsidios a los combustibles, las autoridades mantienen su compromiso de mejorar la sostenibilidad fiscal y la equidad y de reponer las reservas, y así lo evidencian los decretos recientemente promulgados para mejorar la eficiencia del gasto y los planes para dar prioridad a la inversión en capital físico y humano para fomentar el crecimiento.

Hay indicaciones de que el sector financiero goza de liquidez y que está preparado para el repliegue paulatino de las medidas adoptadas en razón de la crisis, manteniendo una vigilancia continua para promover la estabilidad. La subsanación gradual de las brechas en materia de regulación entre los bancos y las cooperativas reforzará la resiliencia del sector.

Mejorar la gestión de gobierno y la rendición de cuentas ayudará a apuntalar la confianza en las instituciones públicas. En este sentido, son positivos los compromisos de las autoridades para reforzar las declaraciones de activos de las personas expuestas en el ámbito político, afianzar el régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) e incrementar la transparencia sobre los beneficiarios finales efectivos de contratos de adquisiciones. Tras sufrir demoras, las autoridades están dando pasos para incrementar la transparencia de las empresas petroleras estatales, y mantienen su compromiso de trabajar con el FMI en este sentido en el futuro. Mejorar la puntualidad, fiabilidad y coherencia de las estadísticas fiscales sigue siendo una tarea prioritaria.

Las autoridades ya han adoptado enérgicas medidas correctivas para abordar las deficiencias institucionales y técnicas que dieron lugar a la información inexacta. Se trata de las siguientes: i) publicar datos históricos revisados con sus respectivas explicaciones; ii) mientras las auditorías sobre servicios de salud estén pendientes, registrar un estimación conservadora para las transferencias relativas a salud del PGE al IESS correspondientes a 2017-22; y iii) suscribir un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para poner en marcha un proceso de licitación de una o más empresas que realicen las auditorías de servicios de salud.

Además, las autoridades se comprometieron a adoptar las siguientes medidas correctivas en los próximos meses: i) contratar una o más empresas independientes de auditoría de servicios de salud; ii) determinar el saldo vigente de posibles obligaciones del PGE y compartir la información con el personal; iii) publicar de datos históricos revisados del PGE y el sector público no financiero (SPNF) desde 2013; iv) concluir las auditorías de servicios de salud correspondientes a 2020 y 2021; v) incluir obligaciones de pensiones y obligaciones estimadas de salud del PGE al IESS en el presupuesto de 2023 y en el marco fiscal a mediano plazo; vi) establecer en el MEF una unidad dedicada exclusivamente a las estadísticas, que esté dirigida por un Jefe Principal de Estadística, y actualizar el plan de capacitación en estadísticas de finanzas públicas; vii) elaborar un plan de acción sujeto a plazos para ejecutar una reforma jurídica y adoptar medidas administrativas encaminadas a reforzar el marco jurídico de las obligaciones del Estado en cuanto a gasto en salud y las respectivas auditorías.

En vista de las medidas correctivas ya ejecutadas por las autoridades y las que se han comprometido a adoptar para mejorar la calidad de las estadísticas fiscales, el Directorio Ejecutivo decidió dispensar el incumplimiento del criterio de ejecución, y determinó que no se requieren nuevas medidas correctivas con respecto al incumplimiento de obligaciones en el marco del Artículo VIII, Sección 5.”