Durante mucho tiempo, los análisis de los economistas han contribuido a la formulación de políticas y la toma de decisiones en materia de comercio, tributación, regulación y estabilidad económica. En ocasiones, el pensamiento económico tradicional ha liderado importantes debates de política, influyendo así en gobiernos de todo el mundo.
Sin embargo, los economistas están cada vez más marginados. Aunque siguen siendo mayoría en las plantillas de bancos centrales e instituciones multilaterales, los dirigentes políticos suelen priorizar la ideología y la propia conveniencia por encima del análisis económico. Paralelamente, la confianza de los ciudadanos en los economistas se ha visto desgastada por los sonados fracasos de algunas políticas, la mayor polarización y los crecientes desafíos que fuentes de información nuevas, a menudo poco fiables, imponen a la autoridad de los expertos.
Aun así, la competencia profesional de los economistas sigue siendo indispensable para mejorar los resultados de las políticas. Las crisis del siglo XXI han demostrado que una mala gestión macroeconómica puede ocasionar una cadena de adversidades y disfunciones sociales con profundas consecuencias políticas. Al mismo tiempo, los economistas han acumulado un vasto corpus de datos que prueba lo que sí funciona en ámbitos como el alivio de la pobreza, la educación y los mercados de trabajo; datos que, de integrarse mejor en la formulación de políticas, podrían traducirse en mejores resultados.
Para recuperar su influencia, los economistas deben interactuar más eficazmente con los formuladores de políticas y los ciudadanos. No adaptarse podría comportar un aumento de la marginalización del debate, justo cuando los expertos en temas económicos son más necesarios que nunca.
La dura realidad
Los economistas agregan valor al diálogo sobre políticas: conocen muy bien los temas en cuestión y los instrumentos necesarios para ayudar a anticipar los efectos de las distintas opciones de política. No obstante, existe una razón fundamental por la que a menudo los economistas pueden perder prestigio: su pensamiento está arraigado en concesiones y limitaciones. Los economistas explican la necesidad de elegir entre A y B, mientras que los políticos (y los ciudadanos) suelen quererlo todo. La formulación de políticas se vería enormemente beneficiada si pudiéramos recortar los impuestos y gastar más sin que aumente la deuda pública, contener la inflación sin que suban las tasas de interés, o ampliar el comercio mundial sin que se pierdan puestos de trabajo. Sin embargo, estas concesiones son ineludibles, aunque reconocer su existencia pueda resultar incómodo desde el punto de vista político.
Los economistas deben aceptar esta forma de pensar. Deben estar presentes en las salas de reuniones donde se generan los debates, porque es así como se consigue tomar mejores decisiones. Por su parte, las autoridades deberían estar dispuestas a escuchar estas realidades; al fin y al cabo, nadie realiza un desembolso o inversión importante sin sopesar los costos. Aunque al final sean los aspectos no económicos los que terminen de inclinar la balanza, si los dirigentes están al tanto de las disyuntivas económicas, estarán mejor preparados para afrontar las críticas.
La reticencia de las autoridades a aceptar la dura verdad no es la única razón por la cual se ha dejado de lado a los expertos en economía. Algunos de los problemas los han creado ellos mismos. Abordarlos contribuirá a preservar e incrementar la influencia de los expertos en la formulación de la política económica. Esto puede hacerse de cuatro maneras: reconociendo errores y aprendiendo de ellos, escuchando las preocupaciones de los ciudadanos, respetando las normas de integridad de los datos e interactuando de forma más eficaz con la clase política y el público en general.
Aprender de los errores
El escepticismo de los ciudadanos en torno al pensamiento económico tradicional no es infundado. En ocasiones, se ha vinculado a la profesión con penurias que podrían haberse evitado. Antes de la crisis financiera de 2008, la mayoría de los economistas tardaron en detectar la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Incluso después de que se hiciese evidente, muchos subestimaron cuán desestabilizador resultaría su estallido para el conjunto del sistema financiero.
La escalada de la inflación tras la pandemia es un ejemplo más reciente. Muchos economistas dieron demasiada importancia a los factores transitorios y subestimaron la persistencia de la inflación. Sin duda, las causas fueron complejas y variadas, y no podían preverse shocks como la guerra de Rusia en Ucrania. De todos modos, en los países en los que el exceso de demanda fue un factor determinante, la elección de otras políticas económicas podría haber mitigado la escalada de la inflación.
Es discutible hasta qué punto tienen la culpa los economistas, pero la pérdida de confianza pública es real. No se trata de desechar marcos económicos, sino de aclarar en qué sentido fue incorrecta su aplicación. En relación con la crisis financiera, la tarea ya se ha hecho, a través de exhaustivos estudios sobre fallos del mercado, regulaciones mal concebidas y conductas que instaron a asumir riesgos. El proceso para entender la inflación posterior a la pandemia no se ha frenado y debe seguir siendo una prioridad.
En términos generales, los economistas no deben permitir que el miedo a la rendición de cuentas, o el sesgo político, se interpongan. Por ejemplo, el debate en torno a la inflación se ha visto empañado por cuestiones ideológicas que dificultan llegar a conclusiones objetivas. La mejor manera de demostrar que la economía sigue siendo una disciplina indispensable es obrar con transparencia, aceptar las rectificaciones y manejar los datos con honestidad.
