Existen formas de reducir la brecha entre la economía y la política
ALAN BLINDER es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y exvicepresidente de la Reserva Federal.
Las opiniones expresadas en los artículos y otros materiales pertenecen a los autores; no reflejan necesariamente la política del FMI.
La constante disonancia entre una sólida economía y los buenos instintos políticos frustra a los economistas que osan adentrarse en el mundo de la política, y eso no es todo, ya que a menudo complica la adopción de mejores políticas. La brecha es abismal y no podrá salvarse por completo. Sin embargo, con mucho esfuerzo y un mínimo de buena voluntad, tal vez podamos reducirla.
Empecemos por desmontar un mito. Mucha gente cree que los economistas tienen una gran influencia en las políticas públicas, quizá porque a menudo se recurre a ellos para que corroboren o refuten políticas, quizá porque tenemos un Consejo de Asesores Económicos en la Casa Blanca, o quizá porque los bancos centrales más influyentes están dominados por el pensamiento económico. En realidad, no es así.
En un libro publicado hace siete años sostengo que la formulación de políticas económicas a menudo obedece a la teoría del poste de luz: los políticos utilizan la economía de la misma manera que una persona ebria utiliza un poste de luz, para apoyarse, no para ver mejor. Los economistas y los políticos —y con esto no me refiero solo a la clase política, sino también al séquito de asesores y expertos en comunicación que los rodean— provienen de planetas diferentes. Hablan idiomas diferentes. Definen el éxito de manera diferente. Tienen horizontes temporales completamente diferentes. Emplean incluso lógicas diferentes.
Solía pensar que el concepto de “lógica política” era un oxímoron. Muchos economistas siguen pensándolo. No obstante, he aprendido que existe una lógica en la política que ilustraré con un ejemplo aritmético trivial y sencillo.
Imaginemos una desgravación fiscal que supondría un beneficio de USD 1 millón para cada una de las personas de un grupo de 10, pero que costaría USD 1 a 20 millones de personas. La lógica económica claramente califica esta medida como una mala política. Para llevarla a cabo, tendría que existir alguna razón convincente ajena a la economía.
Sin embargo, la lógica política es diferente. Los 20 millones de personas apenas notarán que pierden USD 1 cada una. Por el contrario, los beneficiarios de los USD 10 millones no solo se sorprenderán con esta repentina generosidad, sino que estarán agradecidos a los políticos que la concedieron. Para los políticos, las ganancias en términos de apoyo, contribuciones a la campaña y demás dádivas eclipsarán cualquier pérdida política. Solo el más honesto de los políticos se resistiría a una concesión semejante.
Esto explica por qué a los economistas les parecen erróneas tantas decisiones de política, no solo en materia fiscal, sino también comercial, regulatoria, antimonopólica, y otras. Tampoco serviría de mucho que la clase política entendiera mejor la economía. La lógica económica y la lógica política suelen apuntar en direcciones opuestas, y los políticos se inclinarán por la segunda.
¿Podemos al menos cerrar el abismo entre los dos mundos? ¿Podemos lograr que los políticos den un poco más de importancia a los méritos económicos? ¿Podemos conseguir que los economistas mejoren un poco su visión del mundo político? Creo, o espero, que sí. No soy ingenuo: soy consciente de que los economistas deben asumir la mayor parte del cambio. Por lo tanto, sugeriré un cambio para los políticos y dos para los economistas.
El mundo de la política a menudo se circunscribe a las próximas elecciones, pero hay una verdad incluso peor: a los asesores expertos suele solamente interesarles la siguiente encuesta de opinión, o incluso el siguiente tuit. Su horizonte temporal como mucho se extiende hasta el informativo de la tarde.
No obstante, lograr que la clase política piense a más largo plazo quizá no sea una idea descabellada. Al fin y al cabo, los políticos saben adaptarse. Si se les puede convencer de que sus prácticas vigentes son contraproducentes, es posible que cambien su forma de actuar, no por un repentino arrebato de idealismo, sino porque quieren ganar las elecciones.
Por suerte, el mandato de cuatro años de un presidente de Estados Unidos es lo suficientemente largo como para que se noten los principales efectos de la mayoría de las políticas económicas. Por lo tanto, es probable que la promulgación de políticas económicas sensatas, por ejemplo, durante el primer o segundo año del mandato presidencial, dé sus frutos antes de las siguientes elecciones. Dentro de ese plazo, el concepto de buena economía y buena política pueden coincidir.
Desde luego, esta feliz coincidencia temporal se va reduciendo a medida que avanza el mandato presidencial. Sin embargo, es entonces cuando el peculiar calendario electoral estadounidense entra en juego. Al llegar al decimoctavo mes de una nueva presidencia, la atención vira hacia las elecciones legislativas de mitad de mandato. Una derrota a esta altura suele dejar sin piso las iniciativas importantes que el oficialismo envía al Congreso. Lo que ocurre, en cambio, es que las mentes tomadas por la política dejan de interesarse por las políticas y se enfocan a las siguientes elecciones presidenciales. Todo esto permite observar que la fase de un nuevo mandato presidencial en la que se presta atención a las políticas rara vez supera los 12-18 meses. Durante ese breve período, los horizontes temporales económicos y políticos probablemente encajen relativamente bien.
¿Qué pasa con esa minoría de economistas que desean adentrarse en la política? Tengo dos sugerencias. Ambas van en contra de la corriente. Y no son lo que enseñamos en los estudios de posgrado.
La primera se refiere, una vez más, a los horizontes temporales. Los horizontes temporales políticos son demasiado cortos para aplicar una política económica sensata, pero también es cierto que los horizontes temporales de los economistas suelen ser demasiado largos para la política.
Los economistas suelen centrarse en los efectos de “equilibrio” o “estado estable” de un cambio de políticas. ¿Qué sucederá a la larga después de que los hogares y las empresas se adapten a un cambio en el código tributario o a un acuerdo comercial? Esas preguntas son importantes y pertinentes para la formulación de políticas, pero son casi irrelevantes en el ámbito político porque las personas no viven en estados de equilibrio. Pasamos la mayor parte de nuestra vida de una transición a otra. Los economistas suelen considerar a los “costos de transición” como detalles pasajeros. Y no deberían.
Los acuerdos comerciales son un buen ejemplo. Salvo algunas excepciones, la teoría comercial compara un equilibrio de pleno empleo en estado estable con otro. David Ricardo nos enseñó hace más de 200 años que el equilibrio del libre comercio es mejor para la sociedad en su conjunto (aunque no necesariamente mejor para cada individuo) que el equilibrio con proteccionismo. Tenía razón, por lo que casi todos los economistas son, en el fondo, partidarios del libre comercio.
Sin embargo, la adaptación al equilibrio superior del libre comercio puede ser larga y difícil, y conllevar la pérdida de puestos de trabajo, la reducción de los ingresos de algunas personas, la destrucción de comunidades y demás. Los economistas son conscientes de todo esto, pero no le prestan la atención suficiente. Por el contrario, en el mundo real de los políticos los costos de transición son omnipresentes. Es posible que no permanezcan en el cargo el tiempo suficiente para disfrutar de los beneficios del equilibrio.
Por lo tanto, ¿deberían los economistas abrazar el proteccionismo y el estancamiento que lo acompaña? Todo lo contrario. El ejemplo del comercio me sirve para argumentar una idea general: los economistas deberían dedicar mucho más tiempo y esfuerzo a reflexionar sobre los costos de transición, que pueden ser considerables, y cómo mitigarlos, y pensar más en qué es lo que ocurre antes de que se produzcan los tan elogiados efectos del estado estable.
Mi segunda sugerencia es que los economistas deberían prestar más atención a la equidad en lugar de centrarse casi exclusivamente en la eficiencia. En política, la percepción de la equidad casi siempre prevalece sobre la eficiencia. Los políticos lo entienden, y es una de las razones por las que la política económica suele ser tan notoriamente ineficiente.
Al decir esto me arriesgo a perder mi licencia de economista. Al fin y al cabo, veneramos la eficiencia por una buena razón: una política económica más eficiente implica más economía para todos. Es lo más parecido a un beneficio gratuito. Por lo tanto, no recomiendo abandonar la eficiencia como principio rector, sino solo que moderemos nuestro culto a la eficiencia y tengamos más respeto por la viabilidad política, que a menudo depende de la percepción de equidad.
Pensemos en los debates sobre el código tributario, que son un tema recurrente en las legislaturas de todo el mundo. La maravillosa teoría de los economistas sobre la fiscalidad óptima se basa en la máxima eficiencia, pero esa teoría no tiene ningún peso en los debates legislativos. Por el contrario, los debates se centran principalmente en cuestiones de equidad, y el resultado es el caos fiscal que padecemos.
He aquí mi consejo para los economistas interesados en una formulación de políticas real y no conceptual. No se olviden de la eficiencia. Es importante. En eso tenemos razón. Pero quizá tengamos que conformarnos con avanzar muy de a poco, al margen de los grandes titulares políticos, para reducir la ineficiencia de los pormenores de un paquete de políticas complejo. Llamémoslo la teoría de la tercera o cuarta mejor opción. Quizás tengamos que conformarnos con eso.
Este artículo está basado en un discurso pronunciado ante la Academia Americana de Ciencia Política y Social.
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