Regulación de la competencia
Recurrir a la regulación de la competencia y a las normas antimonopolio para dividir las grandes plataformas de datos sirve para abordar los síntomas de la concentración de datos, pero no su causa. Si las autoridades decidieran dividir Meta, por ejemplo, probablemente otra gran plataforma ocuparía su lugar, porque la intervención no altera la dinámica subyacente que premia a quienes pueden acceder y explotar mayores volúmenes de datos.
Del mismo modo, las políticas que otorgan a las personas un mayor control sobre sus datos —como el Reglamento general de protección de datos de la UE— suelen fracasar a la hora de contrarrestar la concentración. Las encuestas muestran que, aunque a muchas personas les preocupa la protección de sus datos personales, son muy pocos quienes ejercen efectivamente su derecho a controlarlos. Esto apunta a un problema de acción colectiva: las personas deben dedicar tiempo a gestionar el acceso a sus datos, pero a cambio solo obtienen beneficios limitados, pese a que existen beneficios colectivos. Cada cual espera que otros actúen, y el resultado es la inacción: las plataformas dominantes continúan utilizando los datos a su antojo.
Asimismo, las políticas que otorgan derechos de propiedad legal o algún derecho de exclusión similar sobre los datos tropiezan con obstáculos semejantes en la práctica. Además, dada la complejidad de los sistemas de licencias, tales políticas pueden incluso reducir el volumen general de datos accesibles, con repercusiones negativas en la innovación. Además, los costos de transacción no se distribuyen de forma equitativa: las complejas negociaciones sobre permisos de uso recaen sobre todo en individuos y pequeñas empresas emergentes, inclinando aún más la balanza en favor de las plataformas de mayor tamaño.
Sin embargo, las regulaciones que imponen obligaciones de acceso a los datos, especialmente a los datos no personales, parecen ofrecer resultados más prometedores. Si están bien diseñadas, pueden reducir los costos de transacción —evitando la negociación de licencias— y ayudar a que las empresas más pequeñas accedan a los datos. Cuando solo se puede extraer valor de los datos mediante su uso —y no acumulándolos— se incentiva a las organizaciones que ya disponen de ellos a utilizarlos y se incita a las empresas más convencionales a convertirse en expertos en datos. Este tipo de regulaciones promueve el uso de los datos —que es lo que falta actualmente— más que su mera recopilación.
Ideación e innovación
La innovación también sale beneficiada. Múltiples actores pueden aplicar sus ideas a los datos, de modo que se recompensa la ideación, y no el acaparamiento de datos. Las obligaciones de acceso a los datos también se ajustan más a los principios económicos de generación de valor: el secreto suele residir en la aplicación inteligente de los datos, o en su uso, más que en su recopilación. Por recurrir a una metáfora de la era industrial, las obligaciones de acceso facilitan la extracción de valor en lugar de la posesión de materias primas.
Las obligaciones de acceso a los datos pueden sonar novedosas, pero no lo son, como mostramos Thomas Ramge y yo en nuestro libro Access Rules, publicado en 2022. Gobiernos de todo el mundo ya están legalmente obligados a proporcionar acceso a enormes volúmenes de datos. El mejor ejemplo son los datos de localización suministrados por el sistema GPS, operado por el ejército estadounidense, y el sistema Galileo de la Unión Europea. La disponibilidad de datos de localización precisos y sin costo alguno no solo ha mejorado la seguridad de los aviones, barcos y automóviles, sino que ha permitido una logística más eficiente y sostenible, y ha originado una industria multimillonaria.
En muchos países, la ley exige a las empresas que publiquen determinados datos, desde resultados financieros hasta información sobre emisiones. En la Unión Europea, las grandes plataformas digitales deben ahora compartir algunos datos con los competidores más pequeños. En Estados Unidos, diversos acuerdos antimonopolio han obligado repetidamente a empresas a conceder acceso a sus datos. Google se vio obligado a hacerlo en el marco de un reciente proceso judicial en materia de competencia. Pero el caso más espectacular (y a menudo pasado por alto) proviene de un acuerdo antimonopolio de la década de 1950 que obligó a AT&T a permitir que las empresas estadounidenses utilizasen gratuitamente sus patentes de transistores. Las empresas emergentes aprovecharon esa oportunidad para diseñar y fabricar circuitos integrados, lo que supuso el inicio de Silicon Valley y la era digital.
En términos más generales, el mecanismo esencial del sistema de patentes en la mayoría de los países se basa en el acceso libre a la información: los titulares gozan del uso exclusivo de su invención solo por un tiempo limitado y únicamente si comparten los detalles técnicos de su invención para que otros puedan aprender de ella.
El valor que los datos pueden generar al impulsar la innovación no hará más que aumentar a medida que el mundo avance hacia una economía plenamente de datos. Lamentablemente, eso también reforzará las dinámicas de concentración, con importantes costos indirectos para la economía en su conjunto. Se han propuesto múltiples intervenciones de política pública, pero las obligaciones de acceso a los datos son, con diferencia, las que ofrecen mayor potencial.
