En 1990, la deuda soberana de Estados Unidos representaba el 43% del producto nacional bruto (PNB). La economía estaba creciendo a paso lento, la tasa de desempleo superaba el 5% y la Oficina de Presupuesto del Congreso pronosticaba que los déficits caerían del 4,0% al 1,8% del PNB en los cinco años siguientes.
Y aun así, el Presidente George H. W. Bush estaba tan preocupado por el aumento de la deuda soberana que hizo un esfuerzo por llegar a un acuerdo con el Congreso, controlado por los demócratas, para apuntalar las finanzas públicas. El presidente había prometido durante la campaña electoral que no introduciría nuevos impuestos y, por tanto, el acuerdo, que incluía subidas de impuestos y recortes en el gasto con los que se proyectaba ahorrar casi USD 500.000 millones en cinco años, planteaba un claro riesgo político. Fue derrotado en las urnas dos años después.
En julio de 2025, cuando la deuda de Estados Unidos se acercaba al 100% del PIB (la medida que ahora se prefiere para hablar del tamaño global de la economía y apenas ligeramente inferior al PNB), la tasa de desempleo se situaba apenas por encima del 4% y se proyectaba que los déficits aumentarían del 5,5% al 5,9% del PIB para 2030, el Presidente Donald J. Trump y el Congreso, controlado por los republicanos, sacaron adelante la “Ley Grande y Hermosa” (One Big Beautiful Bill Act), con un costo estimado de alrededor de USD 2 billones en los cinco años siguientes.
El contraste entre estos dos episodios, separados por 35 años, pone de relieve un cambio llamativo en las actitudes estadounidenses hacia la deuda pública. Las finanzas públicas de la mayor economía del mundo se encuentran en situación precaria, con una relación deuda/PIB próxima a superar el nivel máximo histórico que alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, a diferencia de 1946, no hay un amplio dividendo de la paz derivado de la reducción del gasto en defensa que pueda salir al rescate de las finanzas públicas. Los factores demográficos están impulsando el gasto aún más al alza, debido a la continua expansión de las prestaciones de seguridad social en la vejez, y parece haber pocas perspectivas de evitar déficits elevados y un mayor endeudamiento, incluso si la coyuntura económica se mantiene favorable.
¿Cómo llegamos a esta situación? En primer lugar, la deuda soberana se ha disparado como consecuencia de dos shocks económicos importantes: la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID-19. Los ingresos públicos disminuyeron y el gasto aumentó automáticamente a medida que la economía se debilitaba, mientras el gobierno intentaba compensar la caída de los ingresos de los hogares mediante amplios paquetes de estímulo fiscal. Dos shocks muy considerables en poco más de una década son algo fuera de lo común. Ha pasado casi un siglo desde que Estados Unidos sufrió un shock de la envergadura de la crisis financiera mundial, durante la Gran Depresión. Pero entonces el tamaño del gobierno estadounidense era muy inferior al actual, y su capacidad para endeudarse era mucho menor.
Una segunda explicación de la ardua situación fiscal de Estados Unidos es la polarización política. Reducir los déficits no aporta beneficios tangibles a corto plazo. Los políticos no ganan popularidad pidiendo a los votantes que paguen más impuestos o que acepten recortes en las transferencias o en los servicios públicos. Igual que en 1990, la clave de la consolidación fiscal es un acuerdo bipartidista: así, ninguna de las partes puede culpar a la otra de los resultados a corto plazo que tal vez no sean del agrado de los votantes. En efecto, esta era la filosofía que sustentó el establecimiento en 2010 de la Comisión Nacional de Responsabilidad y Reforma Fiscal, más comúnmente conocida como Comisión Simpson-Bowles, copresidida por un republicano y un demócrata.
Ahora las partes están más alejadas y es más difícil que lleguen a un acuerdo. Las subidas de impuestos que quieren los demócratas son inaceptables para los republicanos, y los demócratas se oponen con igual vehemencia a los recortes del gasto que quieren los republicanos. Aunque el panorama de las finanzas públicas es mucho peor que en 2010, cuando las autoridades acabaron por hacer caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Simpson-Bowles, hoy no se vislumbra otra tentativa de encontrar una respuesta bipartidista al problema fiscal.
Otra explicación de la pérdida de preocupación por los déficits es la ausencia de daños perceptibles. Durante mucho tiempo, las autoridades han defendido la consolidación fiscal ante los votantes con el argumento de que una mayor deuda pública hace subir las tasas de interés. Esto aumenta la carga del servicio de la deuda para el propio gobierno, pero también encarece el crédito para los hogares cuando piden un préstamo para comprar una vivienda o un vehículo. Los datos empíricos confirman que, efectivamente, un mayor endeudamiento público eleva las tasas de interés, pero hasta hace muy poco concurrían otros factores que ejercían presión a la baja sobre las tasas de manera sostenida, desafiando reiteradamente las previsiones.
En las dos décadas comprendidas entre 2001 y 2021, la relación deuda/PIB de Estados Unidos se multiplicó por más de tres; sin embargo, el servicio de la deuda, expresado como porcentaje del PIB, se redujo del 2,0% al 1,5%. La caída de las tasas de interés fue tan pronunciada que compensó con creces el fuerte incremento del endeudamiento. Los políticos de la actualidad rara vez advierten de los efectos de la deuda en las tasas de interés, justo cuando el servicio de la deuda ha vuelto a aumentar con rapidez. Incluso al margen de un mayor aumento de las tasas de interés, el pronunciado incremento de la deuda ya ha causado daños económicos, en particular al acentuar el desequilibrio externo de Estados Unidos, y podría estar desplazando la inversión privada productiva a nivel interno. Pero estos costos son más sutiles y difíciles de comunicar.
Lamentablemente, es más fácil explicar cómo nos metimos en esta situación fiscal que cómo saldremos de ella. Hay quien proyecta que la relación deuda/PIB de Estados Unidos casi se duplicará en los próximos tres decenios. Esto podría poner en peligro el acceso a los mercados de capital, incluso para una economía que, tradicionalmente, se ha considerado refugio. Antes de llegar a ese punto, la capacidad del gobierno para endeudarse rápidamente hasta niveles extraordinarios, como lo hizo durante la crisis financiera mundial y la pandemia de COVID-19, está en tela de juicio. No sabemos si seguiremos contando con el espacio fiscal necesario para responder con eficacia.
En la novela Fiesta, de Ernest Hemingway, alguien le pregunta a uno de los personajes cómo había caído en la ruina. “De dos maneras —responde—. Primero poco a poco, luego de golpe”. Uno puede imaginar dos escenarios distintos en los que Estados Unidos sigue trayectorias fiscales parecidas.
En una trayectoria gradual, la deuda soberana y las tasas de interés siguen aumentando y el servicio de la deuda se lleva una porción cada vez mayor de los ingresos públicos. Esto hace que otros gastos se vayan reduciendo, y la oposición política a la reforma fiscal podría llegar a debilitarse hasta abrir paso a una solución de compromiso. Pero también podría ocurrir que el gobierno, sencillamente, se endeudara más deprisa para evitar los recortes presupuestarios.
Un impulso adicional para actuar podría provenir del inminente agotamiento de los fondos fiduciarios del Seguro Social y de Medicare, como se proyecta que ocurrirá en el próximo decenio, lo que requeriría algún tipo de medida para evitar recortes considerables en las prestaciones previstos en la legislación. La respuesta podría incluir aumentos de impuestos, recortes de prestaciones o una combinación de ambos, como ocurrió en 1983, la última vez que el agotamiento de los fondos fiduciarios se consideró inminente. No obstante, también se podría rescatar a los fondos fiduciarios simplemente contrayendo más deuda, opción que, esta vez, parece más probable, dado el giro en la coyuntura política.
A menos que se llegue a un acuerdo para actuar en los próximos años, la trayectoria actual podría dar paso a un ajuste abrupto, hasta el punto en que endeudarse resultara sencillamente demasiado caro. Ese desenlace parece lejano por ahora. El problema de la falta de sostenibilidad de la deuda afecta actualmente a muchas de las principales economías y, en este entorno, Estados Unidos podría seguir siendo, durante algún tiempo, una economía más segura, capaz de ofrecer cada vez más activos de los que buscan los inversionistas internacionales.
Estados Unidos tiene una economía sólida que ha logrado absorber reformas en los impuestos y el gasto orientadas a alcanzar la sostenibilidad fiscal. No faltan propuestas para encauzar esas reformas. Sin embargo, a corto plazo resulta difícil no anticipar un deterioro fiscal prolongado y gradual en ausencia de un realineamiento político y del restablecimiento de la posibilidad de una acción bipartidista.
ALAN J. AUERBACH es profesor de la Escuela de Posgrado, profesor emérito de la cátedra Robert D. Burch de Economía y Derecho y exdirector del Centro Burch de Política Tributaria y Finanzas Públicas en la Universidad de California, Berkeley.
© 2026 Fondo Monetario Internacional. Todos los derechos reservados.
